“El Ministerio ha mostrado muy buena disponibilidad y no ve problema alguno en que -tal y como reclaman las entidades ciudadanas desde hace años-, 110.000 cartillas de vecinos de Carabanchel y Latina pasen a depender del Gómez Ulla”, ha indicado Gabriel Lozano, otro representante vecinal que ha participado en el encuentro. Hoy por hoy, el hospital apenas utiliza un centenar de camas de las 1.000 que tiene disponibles pero, a tenor de la sintonía vivida en la reunión, esto no tardará en formar parte del pasado. La histórica demanda vecinal de traspasar el centro a la red sanitaria pública está cada vez más cerca. De ello depende la marcha de las negociaciones entre Defensa y la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, que según ha afirmado Méndez avanzan adecuadamente.

En el encuentro, los dirigentes ciudadanos han demandado también el cambio de nombre de la residencia Carmen Polo de Franco, que se encuentra dentro del perímetro hospitalario.

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Carabanchel volverá a reunirse con el Ministerio de Defensa en septiembre, “a no ser que la Comunidad de Madrid y el Ministerio lleguen antes a un acuerdo, entonces se adelantaría”, ha indicado Gabriel Lozano. Los representantes ciudadanos esperan ahora ser recibidos cuanto antes por la Consejería, pues el déficit sanitario que padece el distrito es inmenso. “La pelota se encuentra ahora en el tejado de la Comunidad de Madrid”, ha remachado Lourdes Hernández.

A pesar de que el Gómez Ulla mantiene casi todas sus plantas clausuradas, miles de vecinos del entorno se ven obligados a trasladarse a los hospitales Gregorio Marañón, Niño Jesús, Rodríguez Lafora, Carlos III, La Paz, Santa Cristina y la Cruz Roja, muchos de ellos situados a varios kilómetros de distancia de su lugar de residencia, mientras duran las obras de remodelación del ala norte del hospital Clínico. A juicio de las entidades vecinales de Carabanchel, “nuestro distrito está sufriendo el abandono de las políticas sanitarias públicas de la Comunidad de Madrid: sólo interesa construir nuevos hospitales para entregarlos a empresas privadas que buscan un beneficio económico a costa de los hospitales públicos, olvidando que existe una red pública de hospitales, no invirtiendo en ellos y cambiando el personal a los nuevos centros con cargo a los presupuestos de los hospitales públicos”.