La PNL, que el grupo parlamentario confederal presentó el pasado 15 de noviembre a instancias de la federación ciudadana, fue ratificada el 22 de marzo en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la cámara baja a pesar de los votos en contra de PP y Ciudadanos.
A partir de ahora corresponde al ejecutivo de Mariano Rajoy atender esta iniciativa parlamentaria, y nada apunta a que la vaya a tener en consideración. Pero, de entrada, aunque más simbólico que real, se trata de un paso importantísimo para evitar la injusticia que supone pagar a Hacienda por una ayuda pública recibida en el caso de que esta proceda de un ayuntamiento, mientras que las publicadas por el Ministerio de Fomento están exentas de pago.
Hasta el año 2015, las personas que habían logrado alguna ayuda pública destinada a la rehabilitación de su vivienda, a la instalación de ascensores en su comunidad o a mejoras de eficiencia energética en su edificio podían acogerse a una desgravación fiscal del 15%. Pero el año pasado el Ejecutivo central eliminó esa posibilidad, de tal forma que ahora buena parte de estas subvenciones, en primer lugar todas aquellas procedentes de fondos municipales, serán consideradas como ganancias patrimoniales, y por ello gravadas con un porcentaje que, de media, supone el 20% de la ayuda. Sólo están exentas del pago del IRPF las ayudas que proceden directamente de Fomento.
La federación vecinal considera un auténtico despropósito que las familias beneficiadas por las ayudas de ámbito municipal, que en general disponen de rentas bajas, tras ejecutar la obra y percibir la subvención, deban abonar a Hacienda una cuantía tan elevada. Por ejemplo, si un hogar de una zona muy modesta de la capital y con un caserío muy deteriorado como el Barrio del Aeropuerto, tras solicitar una ayuda para rehabilitar su bloque en el marco del Plan Mad-Re del Ayuntamiento de Madrid, percibe una subvención de 30.000 euros, posteriormente deberá pagar a Hacienda en torno a 6.000 euros.
La FRAVM solicita que la totalidad de ayudas públicas de este tipo, independientemente de la administración de procedencia, queden exentas en el IRPF, al igual que sucede con las del “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas” del Ministerio de Fomento. Esta excepción queda regulada en artículo 41 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Para lograr este objetivo, la federación vecinal se reunió el pasado otoño con los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y el PSOE. El diputado de la primera formación, Alberto Garzón, se comprometió entonces a presentar una PNL, la misma que ayer fue aprobada para satisfacción de las asociaciones vecinales.
Puede consultarse el texto íntegro de la PNL, que fue aprobada en su integridad en el siguiente enlace.
