Muchas de ellas han abandonado sus antiguas casas en estos cinco años, incapaces de asumir las nuevas condiciones derivadas de la venta (como la pérdida de las ayudas al alquiler consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda) o ante el abandono de los edificios por parte de Encasa Cibeles, la filial del fondo buitre que los gestiona.
Pero otras muchas resisten en sus casas, haciendo frente a las presiones de todo tipo de esta empresa, que busca desprenderse de los moradores de rentas más bajas para poder sacar más rédito de los inmuebles. Afortunadamente, en esta contienda los vecinos y vecinas disponen de una herramienta poderosa que ellos mismos crearon tras la operación, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), un espacio de apoyo mutuo y reivindicación que ha mantenido encendida la llama de su lucha en este último lustro.
Precisamente para recordar este periodo de movilización preñado de dignidad AVVI ha realizado un vídeo que acaba de hacer público en su página de Facebook.
En cientos de fotografías, la asociación, que ha contado con el apoyo de la FRAVM en todos estos años, repasa la rabia e indignación que produjo en las familias afectadas la noticia de la venta de sus viviendas, un estado de ánimo que se transformó en organización y movilización para tratar de frenarla, y después en desazón y desesperanza al ver como administraciones y gobernantes les abandonaban a su suerte ante “los buitres”. Pero AVVI supo cómo combatir este estado de ánimo y, sin bajar nunca la guardia, fue cosechando victorias en los planos judicial, político y, por supuesto, social, ganándose las simpatías de la sociedad madrileña. Muchos y muchas recordarán la contundente intervención de una de sus portavoces en noviembre de 2015 en el marco de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política en la Asamblea de Madrid, o alguna de las decenas de concentraciones organizadas por la entidad en estos cinco años en la que saca a “pasear” al enorme buitre negro que representa el actual propietario de sus hogares.
La causa penal que la denuncia de AVVI abrió en el Tribunal de Instrucción n.º 48 de Madrid precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado, y sacó los colores a otros políticos y altos cargos de la Administración regional. El caso sigue abierto, al igual que cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales).
El último paso de la asociación tuvo lugar el pasado 28 de junio. Ese día, envió una carta a diez ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al Gobierno regional en la que solicita, tal y como ya ha hecho el consistorio de Móstoles, su implicación para lograr la paralización de los procedimientos de desahucio abiertos por Encasa Cibeles. El ayuntamiento mostoleño ha enviado una notificación oficial a los responsables de esta empresa en la que les pide que “paralicen cualquier procedimiento de desahucio que estén llevando a cabo en el municipio sobre las viviendas afectadas”. En el texto, el Consistorio también recuerda a Encasa Cibeles que el pasado 21 de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid estimó la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero y anuló la operación de venta del IVIMA al entender que esta no fue debidamente justificada. El fallo judicial cancela por tanto la enajenación de todas las viviendas que pasaron a manos del fondo de inversión, que se reparten de la siguiente manera: Móstoles (259), Madrid (1.380), Leganés (36), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Collado Villalba (44), Majadahonda (332) y Navalcarnero (192), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
Aunque la sentencia no es firme y ha sido recurrida tanto por el Gobierno de Ángel Garrido como por Encasa Cibeles, AVVI la considera un importante precedente e invita a los ayuntamientos de estas localidades a usarla como argumento para que la empresa entre en razón y no expulse a ninguna familia por impago de rentas o por la finalización de su contrato.
Creo que los moradrores de esas viviendas deberiaís dejar de pagar la renta y declararos en rebeldía. Si lo hacéis todos el fondo quebraría lo que abriría un interesante debate.
Un saludo y ánimo