En los últimos 15 años se ha dado un aumento exponencial de la contaminación electromagnética procedente de las redes de telefonía móvil y de una creciente variedad de dispositivos de tecnología inalámbrica.

De forma paralela, ha crecido la intensidad de los llamamientos realizados desde los ámbitos científico, jurídico e institucional a las administraciones públicas para que apliquen el principio de precaución recogido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública por el potencial peligro que estos contaminantes comportan para la salud de las personas, en especial para la infancia, las mujeres gestantes y otros grupos sensibles.

Más 3.800 estudios científicos y trabajos sobre la exposición a campos electromagnéticos constatan que los actuales niveles de seguridad pública son insuficientes para proteger a la población de las enfermedades provocadas por este tipo de emisiones (cefaleas, cáncer, tumores cerebrales…).

A pesar de todo ello, el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que en la actualidad se encuentra en fase de tramitación en el Senado somete el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva del Estado, usurpando la competencia municipal para otorgar licencias. De aprobarse, la nueva ley quitaría a los Ayuntamientos y a las comunidades autónomas las competencias que hasta ahora ejercían en materia de medio ambiente, ordenación urbana y territorial y salud pública.

A juicio de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) la ciudadanía queda en situación de desprotección jurídica en materia de salud y consumo. Prevé, además, una “gran conflictividad” ante la posibilidad de expropiar bienes privados y públicos para la instalación de antenas de telefonía móvil. Por último, subraya la pérdida de autonomía municipal, una garantía institucional reconocida en la Constitución.

Por todo ello, la PECCEM invita a los grupos municipales de todos los Ayuntamientos del Estado a aprobar una moción para exigir la retirada del proyecto de ley e instar al Gobierno central a que promueva un despliegue de las telecomunicaciones “seguro” y “saludable” escuchando a todos los actores afectados: gobiernos autonómicos y locales y la sociedad civil, así como a los expertos científicos independientes.