Según el diario El País, que remite a un informe del Ministerio de Hacienda, seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas en los últimos años por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid a fondos de inversión.

El 11 de octubre de 2013 en la Asamblea de Madrid, ante las preguntas de la oposición sobre la venta de las 32 promociones vendidas por IVIMA a Azora y Goldman Sachs, el por entonces Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid y actual concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Cavero, dijo lo siguiente: “Señorías, insisto en que los inquilinos solo van a ver cómo cambia el nombre en el recibo del alquiler; de poner IVIMA en el recibo del alquiler a poner el nombre de la empresa adjudicataria”.

Todos los desahucios que se han producido por la venta de estas viviendas han ocurrido por el total desamparo que han sufrido los legales adjudicatarios de las viviendas por parte de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Más grave aún es que el tiempo juega en contra de los inquilinos ya que la mayoría de ellos se van a quedar sin las ayudas al alquiler que la Comunidad de Madrid les otorgaba por tratarse de familias desfavorecidas y que ya no renovará. La respuesta que les dan desde IVIMA cuando solicitan esa renovación es que esas viviendas ya no son públicas y que pertenecen a un fondo de inversión.

A lo que Pablo Cavero llama literalmente “una rotación natural de activos”, los afectados por esta venta de vivienda pública lo llamamos atentado contra los derechos humanos, al poner contra las cuerdas a la parte de la ciudadanía más frágil y en grave riesgo de exclusión social.

Por todo ello, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA (AVVI) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) piden la dimisión inmediata del actual concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, Pablo Cavero. Creemos firmemente que un responsable político que ha causado tanto daño, tanto dolor a la parte más débil y desprotegida de la ciudadanía madrileña, no puede representarla en una institución tan importante como es el Ayuntamiento de Madrid.