El pasado 15 de abril, el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, anuló todo el proceso de adjudicación del 52% de la empresa pública Aguas de Alcázar a la privada Aqualia, así como el pliego de condiciones por el que concursaron las empresas por considerar que no eran correctos y no garantizaban la concurrencia competitiva.
La resolución, sin embargo, no ha minado la determinación del alcalde alcazareño, Diego Ortega, que anunció su intención de subsanar los defectos de las cláusulas y volver a sacar a licitación los pliegos. La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar mostró la misma determinación de seguir peleando hasta lograr la retirada de la propuesta de privatización, tal y como desea la inmensa mayoría de la población del municipio, que en una consulta ciudadana llevada a cabo del 20 al 24 de marzo de 2014 votaron de forma clara: del total de votos emitidos (7.724), 7.653 votaron por la gestión pública del agua (99,1%), 60 (el 0,8%) en contra, 5 en blanco y 6 nulos.
Una consulta de similares características se llevará a cabo en el madrileño municipio de Rascafría el próximo sábado 26 de abril. Ese día sus vecinas y vecinos podrán votar si quieren que la gestión del agua dependa del Canal de Isabel II o sea responsabilidad del Ayuntamiento de la localidad, como pide la Plataforma Ciudadana.
