Desde 1993, cuando Renfe aprobó la convocatoria del proceso por el cual se adjudicó a Unitaria S.A. -la sociedad inmobiliaria del grupo público Argentaria- la concesión de los terrenos para el desarrollo de la Operación Chamartín, no se ha hecho público ningún documento. La situación actual es que, aunque el 82 % de los terrenos del ámbito son públicos, en su mayor parte de Adif –ente público dependiente del Ministerio de Fomento- los derechos urbanísticos están en manos de Distrito Castellana Norte S.A. -DCN-. DCN es una compañía privada constituida por la entidad financiera BBVA y el Grupo empresarial San José S.A.
En estos 25 años se han producido tantos cambios, consecuencia de negociaciones opacas, que caben sobradas dudas sobre la legalidad del proceso: se han firmado y renegociado convenios y contratos entre Renfe/Adif y DCN; se ha ampliado la superficie del ámbito de adjudicación, pasando de 62 hectáreas a más de 300; se ha incrementado la edificabilidad (metros cuadrados construibles); se han incumplido reiteradamente los plazos de ejecución y las obligaciones económicas, como el pago de casi 1.000 millones de euros por parte de DCN a Adif, etc.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción, la FRAVM, los colectivos integrados en la Plataforma Zona Norte y el Instituto por la Democracia y el Municipalismo, han pedido a Adif la documentación relativa a la Operación Chamartín desde su inicio. Entre la documentación solicitada se encuentran convenios, contratos, acuerdos, adjudicaciones de derechos urbanísticos y sus prórrogas, informes emitidos o encargados por Renfe y Adif, sobre la viabilidad de la operación y sobre el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación, etc.
A juicio de estos colectivos, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a hacer pública esta información, máxime cuando la entidad propietaria de los terrenos es pública y está en juego el futuro de una parte importante de la ciudad de Madrid. En consecuencia, es inexcusable, desde la defensa del interés general y la buena administración pública, el acceso a toda la documentación y antecedentes de este caso. Resulta injustificable que documentos como el de adjudicación de la concesión (1994) y su posterior adecuación (1997), los cuales constituyen compromisos legalmente vinculantes, se intenten sustraer al escrutinio público.
El propio Ayuntamiento de Madrid ha manifestado reiteradamente que tampoco ha tenido acceso a esa documentación. Así se ha afirmado desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible cuando se le ha reclamado la realización de una auditoría pública del expediente completo de la concesión de los derechos urbanísticos a DCN.
Ante las solicitudes de información, Adif no ha facilitado la documentación y está tratando de forma diferenciada las peticiones. A Ecologistas en Acción, FRAVM y al Instituto por la Democracia y el Municipalismo no se les ha contestado, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo máximo de un mes establecido, por la Ley de transparencia, para responder. A dos asociaciones de la Plataforma Zona Norte se les ha enviado una notificación indicando que, antes de contestarles, se ha iniciado una consulta a DCN para conocer su parecer. Y a una tercera se le ha remitido un simple acuse de recibo.
Ecologistas en Acción, la FRAVM, los colectivos integrados en la Plataforma Zona Norte y el Instituto por la Democracia y el Municipalismo, consideran inapelable e imperativo desvelar, por mera salud democrática, la trama de la Operación Chamartín. Por ello, desean que la actual presidenta de Adif, rompa la inercia de opacidad en la que se ha desenvuelto la Operación Chamartín hasta convertirse en Madrid Nuevo Norte y haga público el expediente completo de la actuación.
