El próximo 3 de diciembre Canal Gestión S.A. va asestar un duro golpe a los madrileños al aprobar, previsiblemente, en su Junta de Accionistas la emisión de bonos en el mercado de la deuda por valor de 600 millones de euros para, supuestamente, invertir en unas infraestructuras que nadie ha concretado ni justificado.
Esta operación se va a llevar a cabo con total opacidad, con desconocimiento de la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía madrileña y se traducirá en un aumento de la deuda de la entidad.
El orden del día de la Junta contempla el reparto de nuevos dividendos entre los accionistas y la modificación de los estatutos sociales para poder remunerar a los miembros del Consejo de Administración en los que no concurra causa de incompatibilidad. Se profundiza, así, en el expolio del Canal y en la estrategia de privatización que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la entidad. ¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?
Se detraen de los ingresos del Canal ingentes cantidades en concepto de dividendos para los accionistas y se pretende repartir otra porción del “pastel” entre los amiguetes del Ignacio González y Salvador Vitoria, puestos a dedo en el Consejo de Administración. A cambio se hunde a Canal Gestión SA en un deuda peligrosa y en una situación insostenible al disminuir drásticamente los gastos de personal y las partidas destinadas a inversiones, mantenimiento y explotación.
Desde que en 2011 se creara la Sociedad Anónima Canal Gestión, el Partido Popular ha conseguido que la deuda de la empresa ascienda a 1.168 millones de euros, gracias a movimientos como la compra de Inalsa, con una deuda acumulada de 100 millones de euros. A pesar de que los beneficios en este mismo periodo han ascendido a un 43%, no se han realizado inversiones en infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5% y los beneficios generados han sido repartidos entre los accionistas casi en su totalidad.
Desde que en 2008 comenzara el proceso de privatización hemos visto cómo transformaban una empresa pública en una Sociedad Anónima en una semana; cómo colocaban en el consejo de dirección a personas afines como Salvador Victoria, José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia, José de Cevallos Aguarón, vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A., Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena o David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas; cómo la representación sindical era expulsada del consejo de dirección; cómo el Partido Popular presionaba a alcaldes para firmar los convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión, como desoían la consulta ciudadana en la que 180.000 personas se oponían a la privatización del CYII y cómo nos han negado información referida a la gestión de la empresa hasta en 65 ocasiones.
Cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011 anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando y la emisión de bonos parece indicar que pretende hacerlo efectivo antes de las elecciones autonómicas y municipales con la misma opacidad que ha rodeado este nuevo expolio de lo público en beneficio de unos pocos.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una concentración en la sede del Canal (C/ Santa Engracia 125) contra la mercantilización de un derecho humano como es el agua el jueves 3 de diciembre a las 12.30h.
