Las asociaciones vecinales y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) llevan meses convocando movilizaciones y actos informativos denunciando las consecuencias de la privatización de la sanidad pública que el Gobierno regional está perpetrando contra el interés general de la ciudadanía. La eliminación de la Dirección General de Salud Pública, el desmantelamiento de los hospitales públicos, la firma de un acuerdo entre la consejería de Sanidad y la multinacional Capio que sienta las bases de la privatización de los centros de especialidades, la construcción, en la Comunidad de Madrid, de cuatro facultades de Medicina privadas y de siete hospitales construidos bajo la fórmula de Iniciativa de Financiación Privada no hacen sino confirmar los verdaderos intereses del Gobierno de Esperanza Aguirre: consumar el desprestigio de un servicio público para privatizarlo”.

Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, ha declarado esta mañana que “este modelo multiplica por cuatro los costes de construcción de los hospitales, deja un enorme margen de beneficio para las empresas, en su mayoría empresas constructoras que han encontrado en la salud una ocasión de negocio para hacer frente a la crisis inmobiliaria y carga a las arcas públicas las pérdidas. Un negocio redondo”.

“Esta millonaria inversión -ha añadido- ha restado recursos a la Atención Primaria: Madrid es la segunda Comunidad Autónoma que menos gasta por habitante en este capítulo. En 2008 el incremento del presupuesto para AP ha sido inferior a la inflación, lo que se refleja en el creciente deterioro de las condiciones laborales de los profesionales, la congelación de la contratación de personal y la falta de recursos en los centros de salud. Nunca antes las vecinas y vecinos hemos tenido que esperar hasta una semana para una cita con el doctor y meses para ver un especialista. La presión asistencial impide a los médicos dedicar un mínimo de diez minutos por paciente, lo que puede derivar en diagnósticos equivocados. Todo ello no es consecuencia de una falta de planificación, previsión y organización, sino de la concienzuda y calculada privatización de la sanidad pública”.“Todo ello ha empujado a las asociaciones vecinales a convocar una jornada de lucha que tendrá lugar mañana para denunciar las consecuencias de la privatización de la sanidad pública y en la que se desarrollarán más de una veintena de actos informativos y de protesta”.

Las acciones denuncian:

– el desmantelamiento de los hospitales públicos: Puerta de Hierro, Virgen de la Torre y el Ramón y Cajal, donde se están eliminando una media de 10 camas al año desde 2002. – la falta de centros de salud no sólo en los nuevos barrios, como en Las Tablas o Montecarmelo, sino en barrios consolidados de Latina, Carabanchel, Retiro o Tetuán, donde hay vecinos que llevan hasta cuatro años acudiendo a un barracón prefabricado y otros miles de vecinos que no tienen siquiera historial en su centro de salud (Carabanchel: CS Quince de Mayo). – La falta de centros de especialidades (el CE Aluche atiende hasta 250.000 personas y les obligan, en ocasiones, a desplazarse hasta el distrito de Moncloa) en Latina, Chamberí, Carabanchel, Tetuán y Fuencarral.

– La falta de profesionales: en Madrid hay 2 médicos/1.000 habitantes (en Cataluña hay 4,6) y menos de 3 enfermeros/1.000 habitantes (5 en Cataluña). Llama la atención la falta de pediatras (en el centro de salud de Comillas, en Carabanchel, llevan dos años sin pediatra. En otros centros -San Fernando de Henares- tienen que recurrir a médicos no especializados para cubrir el servicio).

Maite Totoricagüena, portavoz de la comisión de Sanidad de la FRAVM, ha desgranado algunas de las propuestas que, amén de las reivindicaciones de cada barrio, la Federación vecinal traslada a la consejería de Sanidad: “la elaboración de un plan de salud que recoja una evaluación de las necesidades y de los recursos necesarios y que se someta a debate y aprobación en la Asamblea de Madrid; la dotación de los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar una adecuada atención sanitaria en AP cumpliendo los estándares recomendados por la Ley General de Sanidad (1.200 cartillas por médico y 900 por pediatra); un cambio del modelo sanitario que sitúe la AP como eje del servicio público de salud y garantizando el carácter público de todos los centros y del personal, incluidos los servicios no sanitarios y la inmediata puesta en marcha de los consejos de salud y de participación comunitaria” .

Javier González Medel, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, ha subrayado la gravedad de las consecuencias de la política privatizadora del PP y ha hecho hincapié en la necesidad de que los ciudadanos y los profesionales se movilicen para defender la sanidad pública, y garantizar la equidad del servicio”.

Murgui ha finalizado la comparecencia anunciando que “la jornada de lucha se completa con la concentración que los estudiantes de Medicina han convocado mañana a las 18h. en la Puerta del Sol”.