Ángela Martin se quitó la vida el pasado 28 de noviembre. Esta vecina de Pinto vivió su último año de vida intentando encontrar un lugar “limpio” de contaminación electromagnética en el que vivir toda vez que una antena de telefonía móvil situada a escasos 50 metros de su vivienda emitía unas radiaciones que le resultaban insoportables.
Ángela y su familia intentaron por todos los medios que el Ayuntamiento de Pinto le proporcionara una vivienda libre de radiaciones. No pudo ser. La respuesta que los profesionales sanitarios dieron a su afección tampoco ayudó, sino todo lo contrario: trataron los síntomas de su enfermedad como un problema psiquiátrico, lo que terminó de minar su estabilidad emocional.
El suicidio de Ángela no es una rara excepción, según la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud. Esta afección, que se manifiesta, entre otros síntomas, por el cansancio, el insomnio, las cefaleas, la irritabilidad, la desorientación… no ha sido reconocida en España. Las personas electrosensibles, calificadas a menudo como alarmistas, vagos, hipocondríacos, inadaptados sociales…, suelen sufrir rechazo social y, como en el caso de Ángela, un tratamiento médico incorrecto que en no pocas ocasiones agrava su padecimiento.
Países como Alemania o Inglaterra estudian seguir los pasos de Suecia, el primer país que catalogó la electrosensibilidadcomo una discapacidady, en consecuencia, como causa de baja laboral.
En España, lejos de reducir los umbrales máximos de radiación electromagnética permitidas, como recomiendan la UE y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades multiplican las autorizaciones de fuentes de emisión como antenas de telefonía móvil o redes WiFi, que invaden hospitales, centros de salud, trenes, metro, autobuses, escuelas, universidades…
La familia de Ángela y la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), de la que forma parte la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) convocan una concentración en Pinto el sábado 25 de mayo a las 12.30h en el parque Egido, junto a la iglesia, para denunciar la inacción de las administraciones públicasante este problema de salud pública, una inacción alimentada por la industria de las telecomunicaciones que, en casos como el de Ángela, puede tener consecuencias fatales y exigir la aplicación del principio de precaución para garantizar la salud de las personas.
EL DERECHO A LA SALUD – LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA – EL PRINCIPIO PRECAUTORIO
El derecho a la salud y a un medio ambiente sano y adecuado a consecuencia de la propagación de campos electromagnéticos de origen artificial, desde un punto de vista científico, no existe actualmente consenso. Sí existe consenso, sin embargo, en que a través de la legislación correspondiente se establezca una serie de precauciones destinadas a evitar que la carencia de resultados satisfactorios en la investigación sobre el tema, no termine generando problemas irreversibles en la salud y el medio ambiente, y, en ese sentido, que en la medida de lo posible tales equipos y antenas se instalen en lugares donde la gente no pase prolongados periodos de tiempo.
Debemos de tomar el principio universal del “principio de precaución”, que el Estado prevea a través de medidas adecuadas de regular la instalación de antenas no se realice cerca de hospitales, escuelas o zonas residenciales, y que se puedan compartir las antenas de telefonía celular para de esa forma reducir su número. Las empresas transnacionales de telecomunicaciones deben de tener y tomar las medidas de prevención, como también de tener la responsabilidad civil (que figura en el código civil peruano) con los efectos que pudiera ocasionar en el corto, mediano y largo plazo sobre los vecinos colindantes