Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que insta a la Comisión Europea a reconocer y regular el agua como un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humana, no como un producto comercial, y a excluir permanentemente el agua, el saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales de las normas del mercado interior y de cualquier acuerdo comercial. También ha pedido a los Estados que no promuevan la privatización de las empresas públicas del agua y pongan fin, de manera inmediata, a los cortes de agua en hogares de bajos ingresos. Además, les reclama que velen por una gestión del proceso de toma de decisiones eficiente, eficaz en términos ecológicos y ambientales, y transparente, con la participación de las entidades locales y de la ciudadanía, impulsando modelos de gestión pública que garanticen la disponibilidad, la estabilidad y la gestión segura del recurso, así como el derecho humano al agua en el futuro.
Sin embargo, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, en la que participa la FRAVM, subraya que en la Comunidad de Madrid estamos asistiendo a un proceso inverso: a la privatización de la gestión del ciclo del agua, que comenzó con la entrada en vigor de la Ley 8/2008. Después, en junio de 2012 se constituye Canal Gestión, S.A, como instrumento necesario para la futura privatización.
Desde su constitución Canal Gestión, S.A se ha caracterizado por un funcionamiento característico de una empresa privada de carácter mercantil, “opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada exclusivamente por ampliar beneficios para hacerla más atractiva a los potenciales accionistas privados, realizando una agresiva política de reducción de costes e inversiones en el servicio y en los medios técnicos y humanos, olvidándose de las actuaciones que en materia de medio ambiente está obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la normativa europea relativa a la calidad de las aguas, desatendiendo el interés general y en particular el de los ciudadanos madrileños, poniendo en peligro la estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público”, sostiene la Plataforma en un comunicado elaborado para el 22 de marzo.
Por otro lado, continúa, “estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de suministro de agua de Canal Gestión a ciudadanos que no disponen de recursos económicos, impropia de una empresa pública que gestiona un derecho humano fundamental, incumpliendo los tratados internacionales suscritos por el Estado español que obligan a garantizar una dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social y económicamente”.
Por si todo esto fuera poco, las noticias que día tras día aparecen en los medios de comunicación están poniendo de manifiesto “la corrupción institucionalizada en la centenaria y modélica empresa pública Canal de Isabel II primero y posteriormente en Canal Gestión, S.A, que ha sido utilizada como instrumento del Partido Popular de Madrid para realizar contrataciones a dedo, malversación de caudales públicos, financiación de actividades políticas y enriquecimiento de sus cargos políticos y de personas y empresas privadas de su entorno”, asegura la Plataforma. Dichas actuaciones están siendo investigadas en el marco de dos de las macro operaciones de corrupción más destacadas en España, la Púnica y la Tosca, en las que varios de sus exaltos cargos están imputados.
“Hemos de alzar la voz para decir que nos repugna y nos avergüenza la corrupción que campa libremente en la gestión del agua de la Comunidad de Madrid, tenemos que echarles a la calle y tenemos que poner los medios para que no vuelva ocurrir”, puede leerse en el comunicado. Sobran razones para acudir el próximo 22 de marzo a la concentración que organiza la Plataforma, junto a la red Marea Azul 15M. El acto comenzará a las 19:00 en la Puerta del Sol.
Recordemos que los colectivos convocantes, tras la consulta social en la que 180.000 personas reclamaron al Ejecutivo madrileño una gestión 100% pública del agua y múltiples campañas de concienciación ciudadana, impulsaron en enero de 2015 el Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, que fue suscrito por más de 40 organizaciones sociales y la mayor parte de partidos políticos, para revertir el proceso de privatización del Canal.
Municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Rivas, San Fernando, Las Rozas, Majadahonda, Alpedrete, Bustarviejo, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdemoro, que representan a más de 4,8 millones de ciudadanos y ciudadanas, han aprobado mociones en los plenos de sus ayuntamientos instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que revierta el proceso de mercantilización y privatización de la empresa pública Canal de Isabel II, implante un nuevo modelo de gestión e impida los cortes de agua a las personas sin recursos.
“La presión de los municipios y los ciudadanos nos ayuda y nos hace fuertes para impulsar, a través de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid, una propuesta de Ley que revierta el proceso de privatización, lo que implicaría la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, la modificación de la Ley 17/1984 y la promulgación de una Ley en los términos indicados en el nuevo modelo de gestión, haciendo efectivo el derecho humano al agua”, indican la Plataforma y Marea Azul, convencidas de que “devolver el Canal a su naturaleza exclusivamente pública y establecer un nuevo modelo de gestión, es la mayor barrera posible contra la corrupción y a favor de la racionalidad y el buen gobierno”.
El TTIP, el CETA y el TISA
El manifiesto elaborado por estas entidades con motivo del Día Internacional del Agua recuerda “otro de los peligros que acechan a la ciudadanía”: la aprobación del TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión), que se está negociando “con total opacidad” entre la Unión Europea y Estados Unidos y pretende armonizar las normativas europeas y estadounidenses a la baja, y que “afectará muy negativamente a la vida de los ciudadanos europeos, ya que limitará la soberanía de los estados miembros, privatizará la justicia al someter las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados, producirá una pérdida de derechos laborales y limitará los derechos de representación colectiva de los trabajadores, eliminará el principio de precaución en materia de estándares técnicos en alimentación, productos farmacéuticos y de normalización industrial y facilitará la privatización de los servicios públicos”.
También ha de ser conocida por la ciudadanía la finalización de las negociaciones de otro importante tratado internacional de libre comercio, el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá), similar al TTIP, que se encuentra en fase de revisión legislativa y que en breve ha de ser aprobado por los parlamentos de los Estados miembros de la UE. El CETA incluye, al parecer, la denominada ‘cláusula trinquete’, que imposibilita la marcha atrás en las liberalizaciones y la privatización de derechos conseguidos, a pesar, incluso, de haberse demostrado la ineficacia de la gestión privada.
También se encuentra en negociaciones el TISA (Acuerdo de Comercio en Servicios), que todavía están estudiando, en el mayor de los secretos, representantes de 50 países, (incluidos los 28 de la UE, representados por la Comisión Europea) y que aún va más lejos, pretendiendo, además, la desregulación absoluta del mercado de servicios.
“Alertamos a la ciudadanía del enorme riesgo que producirá su puesta en marcha y hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que se están produciendo en todos los países europeos, porque juntos podemos pararlo”, concluye el comunicado.
