El pasado10 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó paralizar el concurso público de licitación de seis centros hospitalarios madrileños cuya gestión el Gobierno regional quiere privatizar. El auto constituye una buena noticia para los profesionales sanitarios, organizaciones sociales y sindicales que han mantenido viva la lucha en defensa de la sanidad pública, pero se trata de una victoria parcial, toda vez que se traduce en una suspensión cautelar basada en la sospecha de falta de libre concurrencia.

La suspensión responde a la medida cautelar urgente solicitada por el Partido Socialista después de que el Gobierno regional introdujera un cambio, solo cuatro días antes de que finalizara el plazo, en el proceso administrativo que reduce la fianza y el aval exigido a las empresas que quieran concurrir en el concurso. El tribunal considera que esta modificación, que reduce en un 90% la cuantía del aval solicitado, “podría haber vulnerado el principio de libre concurrencia competitiva” al poder impedir licitaciones de empresas”. De acuerdo a las condiciones iniciales, solo concurrieron tres empresas: Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo. Sanitas pujaba por un hospital, Ribera Salud por dos y una desconocida HIMA San Pablo por los tres restantes, de manera que no había competencia real.

El auto supone un respiro y una pequeña victoria que alimenta la determinación de las organizaciones que forman parte de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y del resto de colectivos que promueven la Marea Blanca. Por eso, convocan una nueva marea que partirá el domingo 21 de julio a las 10.30h de la plaza de Cibeles y concluirá con un ‘abrazo’ de la Puerta de Alcalá.