El pasado mes de febrero, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el resto de organizaciones que participan en la plataforma Madrid en Transporte Público registraron una solicitud dirigida al Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid para que cree un “abono social de carácter gratuito para personas desempleadas y sin recursos, ampliable a todo tipo de unidades familiares” para garantizar el acceso universal sin exclusiones al transporte público, una necesidad acuciante en un contexto en el que se multiplica el número de personas que carecen de prestaciones sociales y con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
En su respuesta, con fecha de 26 de marzo, el propio Consorcio reconoce que “según los datos reflejados en la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al año 2012 del Instituto Nacional de Estadística” y, excluidas las personas menores de 18 años y a los mayores de 65, que tienen a su disposición el actual abono de la tercera edad, con un “precio muy bonificado”, el número de personas que podrían utilizar el denominado Abono Transporte Social “estaría en torno a 750.000”.
A pesar del alcance de la precariedad que impide a miles de personas hacer uso del transporte público, la respuesta del Consorcio es negativa. Alega que de los más de 2.000 millones de euros que abona a los diversos operadores (Metro, EMT, Renfe o interurbanos) para sufragar sus costes, “alrededor de 1.000 millones proceden de los usuarios a través de los diversos títulos de transporte”. Los restantes 1.000 millones “son aportados por las diversas Administraciones, de modo que el usuario paga la mitad del coste real del transporte” y que “incorporar a 750.000 nuevos usuarios que no generarían ingresos” (…) supondría que las Administraciones tendrían que incrementar sus subvenciones al transporte en 100 millones”, circunstancia “absolutamente inviable” por el “actual marco de estabilidad presupuestaria que limita el déficit de las Administraciones”.
La Plataforma recuerda que lo único que está logrando la política de constantes incrementos de las tarifas y los recortes y el deterioro del servicio es la expulsión de miles de usuarios que renuncian al uso del transporte público, con la consecuente caída de ingresos y exige al Consorcio que cree un abono social que garantice el derecho a la movilidad y la búsqueda activa de empleo de las personas afectadas por la crisis.
El próximo sábado 12 de abril la plataforma realizará una nueva acción reivindicativa. La cita es en la plaza de Cabestreros de Lavapiés a las 11.30h. Otras movilizaciones le precedieron, como una concentración celebrada ante el Consorcio de Transportes el 12 de diciembre de 2013.
