Febrero, marzo y abril: la Red por la Dignidad de los Barrios no ha dejado de defender en la calle su Plan de Rescate Ciudadano, que contiene 14 reivindicaciones cuyo cumplimiento exigen para garantizar unas condiciones de vida dignas a los sectores sociales más castigados por la crisis económica. En febrero ocuparon de forma simbólica varias oficinas del INEM para exigir una renta básica para todas las personas en riesgo de exclusión social. En marzo llevaron a cabo tres marchas suburbanas que confluyeron en el vestíbulo de la estación de Sol para reclamar transporte público gratuito para las personas desempleadas y sus familias, toda vez que la falta libertad de movimiento dificulta el ejercicio de no pocos derechos fundamentales. En abril, representantes de la red intervinieron en los plenos municipales de los distritos de Retiro, San Blas, Salamanca, Hortaleza y Chamberí para reclamar a todos los grupos políticos municipales que acuerden disponer de los recursos económicos suficientes para que los servicios sociales puedan dar respuesta a las necesidades urgentes de las vecinas y vecinos más afectados por la crisis económica y que ese acuerdo sea trasladado al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se evitaría así la situación provocada el pasado año, en la que 82 de los 395 millones presupuestados para el área no fueron gastados. Es decir, el Consistorio dejó sin gastar uno de cada cinco euros asignados a los servicios sociales en una de las coyunturas económicas más complicadas de la historia reciente. 

En mayo, la Red convocará un pleno municipal alternativo para denunciar las consecuencias de estos recortes y establecer un cauce de participación ciudadana dadas las dificultades que imponen en los plenos de las juntas municipales, que desde el año 2010 se celebran al mediodía.

En el acto, intervendrán trabajadores de la educación pública, de salud mental, representantes de los promotores de la marea naranja y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Tras la sesión informativa, se abrirá un debate para establecer, de manera colectiva, los próximos pasos a dar para seguir defendiendo y exigiendo a las administraciones la adopción de los 14 puntos del Plan de Rescate Ciudadano al objeto de garantizar unas condiciones de vida dignas a los sectores sociales más castigados por la crisis económica.