Y no es para menos, pues se trata de un acuerdo ambicioso y muy avanzado, que puede servir de modelo para otras localidades afectadas por este problema de salud pública. Dado que las asociaciones vecinales no pueden consignar todavía proposiciones para someterlas a debate y aprobación en los plenos, fueron los grupos Leganemos y ULEG los que presentaron el texto elaborado por el colectivo de Zarzaquemada, que finalmente fue ratificado por la unanimidad de todos los partidos y la abstención de los tres concejales no adscritos.

“Ahora urge poner en marcha este acuerdo dado el peligro que para nuestra salud implica mantener en las viviendas e instalaciones públicas materiales con amianto”, indica la asociación vecinal promotora. Y hacerlo con “los mecanismos de control que recoge la moción como garantía de que el plan propuesto se desarrolla en los plazos previstos; esta es la responsabilidad inmediata del Equipo de Gobierno”, subraya la entidad.

La primera medida de la proposición incluye la “elaboración de un estudio global de las viviendas y edificios públicos y privados en los que se encuentra este material cancerígeno, priorizando en el tiempo el estudio relativo a los edificios públicos de gran concurrencia de público como son los colegios, instalaciones sanitarias y deportivas, tanto públicas como privadas”. Este mapa debería de elaborarse en el plazo máximo de un año y sus trabajos supervisados por una “comisión de control y seguimiento formada por todos los grupos con representación municipal y representantes de los sindicatos, asociaciones vecinales, AMPAs y grupos ecologistas”, que se reunirá cada dos meses.

Una vez que “se disponga de un mapa real del estado en el que se encuentran las instalaciones de las viviendas y centros públicos de gran concurrencia se trasladará a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias para llevar a cabo el desamiantado de los edificios y estructuras afectadas, sin perjuicio de que el Gobierno municipal asuma las que son propias de sus competencias, que recogen los puntos 6, 7, 8, 9 y 10”, sostiene la Asociación Vecinal de Zarzaquemada en una nota.

La medida número seis de la moción incluye la obligación del Ayuntamiento de dotar de medios a los trabajadores municipales “que en el día a día están desarrollando tareas de mantenimiento o derribo de edificios, así como la retirada de escombros de los vertederos”. La entidad vecinal ha denunciado en varias ocasiones la existencia de restos de planchas de Uralita, producto que contiene amianto, en escombreras ilegales de la ciudad.

En virtud del acuerdo, el Consistorio también deberá habilitar “un espacio municipal específico para depositar residuos domésticos que contengan amianto” y crear la figura del “agente medio ambiental”, un profesional que, con los medios necesarios, tratará de evitar vertidos incontrolados como los que se producen en la actualidad.

La última de las medidas de la proposición establece que “el Ayuntamiento prestará apoyo a las víctimas y asociaciones de afectados, instando a las autoridades sanitarias a que se les preste una atención adecuada y una información cualificada”.