Lo hacen ante el incumplimiento de los acuerdos de los plenos de esta institución y del Ayuntamiento de la capital relativos a la base logística.
Hay que recordar que en 2019 todos los grupos políticos con representación municipal aprobaron, de manera unánime, la paralización de las obras de PALM-40 hasta que no se aclarasen todas las circunstancias relacionadas con el proyecto y la promotora presentase un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos con carácter previo a la concesión de licencias de edificación o de actividad. Estos extremos siguen sin cumplirse a día de hoy, y representan uno de los argumentos jurídicos que ha empleado el Juzgado Número 49 de Madrid para abrir diligencias penales contra el Ayuntamiento y la empresa promotora, BNP Paribas Real Estate, por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente.
A pesar de estos hechos, las obras de la que pronto será la plataforma de distribución de última milla más grande de la capital continúan a buen ritmo y varias empresas ya usan las naves terminadas para llevar y recoger paquetería. Se calcula que la planta acogerá 2.000 operaciones diarias, lo que implica un desorbitado incremento del tráfico en la zona, y como consecuencia “niveles inaceptables de ruido y polución, con el consecuente aumento de las enfermedades respiratorias y nerviosas, alergias y cáncer”, en palabras de la plataforma vecinal convocante del acto de mañana. Los 152.172 metros cuadrados de la parcela sobre los que se levanta están rodeados de viviendas y de una malla urbana de calles estrechas, un entorno propicio para que aumenten los atascos y empeore la seguridad vial. Las rutas de entrada y salida de PALM-40, que aunque parezca mentira y a pesar del nombre carece de un enlace directo con la M-40, atraviesan varios centros educativos y residencias y causará importantes molestias en los barrios de San Luciano, Ciudad de los Ángeles, Euskalduna, San Nicolás, Arechavaleta, Cruce, Nueva Esperanza, Litos, Villaverde Alto, Orcasur, Meseta y Poblado Dirigido de Orcasitas, San Fermín, El Espinillo y Villaverde Bajo.
Como han repetido hasta la saciedad sus portavoces, la Plataforma Vecinal Usera-Villaverde y la FRAVM no están en contra de las plantas logísticas y mucho menos de que se genere empleo en un lugar como Villaverde, sino de que se abra una infraestructura de la magnitud de PALM-40 en una zona rodeada de viviendas y sin un plan de movilidad que reduzca sus enormes afecciones en el territorio.
