Este ente privado dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, no tiene entre sus fines y objetivos estatutarios el de la salud, pero sí el de “defender los derechos e intereses de la profesión en todos sus ámbitos”, con lo que entra en colisión con su propio código deontológico al asesorar a los organismos oficiales en materias que no son de su competencia, entiende la citada coordinadora.

Las organizaciones sociales consideran que el Ministerio de Sanidad, con su asistencia a este tipo de actos, desoye la sugerencia del Defensor del Pueblo, que en una resolución del 21 de agosto de 2019 le pide “elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de Reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y, tras cumplimentar los trámites preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación”. Esta comisión, aún sin constituir desde hace seis años, está prevista en la Ley de Telecomunicaciones del año 2014.

En su misiva (que puedes leer aquí), la coordinadora ciudadana recuerda que el CCARS no solo no figura entre los organismos públicos de investigación regulados por ley, sino que además no cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios, contemplados, entre otras, en la Ley 33/2011 General de Salud.

Subraya, asimismo, que el Ministerio de Sanidad no puede respaldar un informe del CCARS sin haber respondido antes a la denuncia de las personas enfermas ambientales con discapacidad, que solicitaron a este mismo ministerio el cese del director científico del CCARS, Francisco Vargas, como técnico de sanidad ambiental y salud pública, por grave conflicto de intereses.

La Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G coincide con la Convención Ciudadana por el Clima, organización francesa de carácter consultivo y representativo, cuando propuso recientemente “establecer una moratoria sobre la implementación de 5G en espera de los resultados de la evaluación de 5G sobre salud y clima”, partiendo de que la propia Agencia Nacional Francesa de Seguridad Sanitaria (ANSES) en 2019, dio cuenta de una falta significativa, o incluso una ausencia, de datos relacionados con los posibles efectos biológicos y para la salud y el medio ambiente de esta tecnología.

Una vez más, las organizaciones sociales solicitan a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que antes de que tenga lugar el despliegue del 5G, cumpla con la legalidad vigente, atendiendo a los requerimientos de evaluación de impacto ambiental y aplicación del principio de precaución del Defensor del Pueblo en su Resolución “Evaluación ambiental y efectos en la salud del Plan Nacional 5G” de 2019; y a los de la Resolución 1815 del Consejo de Europa “sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”, para impulsar un uso ponderado de una tecnología que sea bio-compatible, respetuosa con la vida, el clima y los recursos del planeta.

En su carta, la coordinadora pide también que facilite, en el ámbito del 5G, un amplio debate social con participación de los distintos agentes sociales, tal y como establece el Convenio de Aarhus; así como fundamentar sus posicionamientos en información veraz e independiente sin conflicto de intereses, teniendo en cuenta y protegiendo “a los científicos que dan la alerta temprana”, incluyéndolos en los comités de valoración de riesgos (como solicita el Consejo de Europa en su Resolución 1815). En esta línea, demanda que finalice su colaboración y apoyo al CCARS, por no cumplir con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.