La capital se suma de esta manera a las 195 ciudades de 32 países que ese día acogerán más de 200 iniciativas para llamar la atención sobre las posibles consecuencias negativas de la tecnología del llamado internet de las cosas.
En todos estos lugares, grupos sociales demandarán la aplicación del Principio de precaución y la realización de estudios previos sobre las posibles afecciones en la salud del 5G, antes de que se ponga en marcha de forma masiva. Pedimos algo tan lógico como garantías de su inocuidad.
En España, a pesar de sus riesgos, esta tecnología no ha sido sometida aún a un estudio de impacto en la salud, como prescribe la Ley General de Salud Pública respecto de los campos electromagnéticos, lo que revela que los poderes públicos están más preocupados por la conectividad digital y su introducción en el mercado que por la salud de la ciudadanía. Todo esto, a pesar de las innumerables recomendaciones de científicos y médicos que demandan su paralización hasta verificar sus consecuencias.
Recordemos que desde 2018 circula un llamamiento internacional que ha sido suscrito por 4.800 científicos, 2.800 médicos y más de 180.000 organizaciones ciudadanas procedentes de 202 países y territorios, que demanda a la OMS y a la ONU la paralización del despliegue del 5G “hasta que existan evidencias de su inocuidad”. Un ruego que apela a proteger “a toda la humanidad, especialmente a los bebés, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, así como al medio ambiente” de sus posibles efectos dañinos.
Las ondas milimétricas del 5G son ondas electromagnéticas de frecuencias superiores a los 30 GHz, y se calcula que para su funcionamiento esta tecnología necesitará conseguir una potencia hasta mil veces superior a la que actualmente generan nuestras redes de telefonía. Para su implantación, en estos momentos se están desplegando millones de antenas sobre la tierra y 50.0000 satélites en el espacio con el fin de generar una red que permita la conexión desde cualquier punto del globo. Los colectivos de personas electrosensibles subrayan que su implantación las dejará sin zonas libres de radiación electromagnética. El 5G no reemplazará a las actuales redes 2G, 3G y 4G sino que se sumará a ellas, incrementando, más aún, la densa maraña de campos electromagnéticos que hoy soportan nuestras ciudades. Existen cientos de estudios científicos que demuestran las nefastas consecuencias en la salud de una exposición prolongada a este tipo de campos, que van desde el estrés celular hasta trastornos neuronales, daños genéticos o desarrollos cancerígenos o de tipo crónico, pasando por alteraciones como déficit de atención, cefaleas, insomnio o arritmias.
La tecnología 5G, aún de manera dispersa e incipiente, ya ha comenzado a extenderse en nuestro país. A comienzos de 2018 Telefónica puso en marcha su proyecto Ciudades Tecnológicas 5G en Segovia y Talavera de la Reina, para luego pasar a Barcelona, Alcobendas y Málaga. Numerosas ciudades de España cuentan ya con áreas conectadas.
Petición del Defensor del Pueblo
La activación, llena de irregularidades, del citado proyecto en Segovia llevó a Ecologistas en Acción y a Plataforma STOP 5G Segovia a presentar sendas quejas al Defensor del Pueblo, organismo que respondió con un contundente informe que supone todo un tirón de orejas a nuestras autoridades. El Defensor subraya que este tipo de iniciativas siempre deben incluir una evaluación ambiental estratégica, requisito que no se dio en este caso. “La evaluación ambiental estratégica requiere incorporar los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones. Eso significa que en la elaboración del Plan deben valorarse y tenerse en cuenta los aspectos medioambientales junto a los aspectos económicos y sociales, con el fin de alcanzar un elevado grado de protección ambiental y promover el desarrollo sostenible”, puede leerse en el documento.
En su escrito, el Defensor también solicita a la Secretaría de Estado que informe de las medidas adoptadas para evaluar los posibles efectos sobre la salud de los proyectos piloto. Tal y como destaca Ecologistas en Acción, establece además que la frecuencia 26 GHz, una de las tres que se utiliza para la tecnología 5G, no tiene límites seguros regulados, e insta al Gobierno a aplicar el Principio de precaución. Por ende, vuelve a requerir a la Administración que ponga en marcha el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud que establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, “con el fin de que se pronuncie sobre la aplicación” de este principio. La FRAVM y la PECCEM llevan tiempo solicitando, hasta ahora en vano, la constitución de este grupo, una comisión en la que estén representados todos los ministerios con responsabilidad en la regulación de los dispositivos que generan campos electromagnéticos.
Antes de que continúe el proceso de implantación del 5G es necesario que nuestros gobernantes tomen conciencia de sus riesgos para que lo frenen y pongan a disposición de la comunidad científica todos los recursos necesarios para investigar y demostrar su inocuidad. Con esta demanda como bandera existen hoy más de 150 movimientos STOP 5G repartidos en los cinco continentes. En EE UU, 59 ciudades de 23 estados han creado la alianza “Americanos por una Tecnología Responsable” y en Italia 125 municipios han aprobado resoluciones y ordenanzas contra la implantación del 5G . Bruselas ha bloqueado su despliegue alegando que no está dispuesta a que sus habitantes se conviertan en “conejillos de indias” y diversos cantones suizos, a los que pertenecen ciudades tan importantes como Ginebra o Lausana, también han bloqueado el 5G hasta que se investiguen sus posibles efectos sobre la salud.
Con este mar de fondo, el próximo sábado 25 de enero nos manifestaremos ante el Ministerio de Sanidad, un organismo que debe velar por la salud de la población, aplicando siempre el Principio de precaución ante la implantación de nuevos usos y tecnologías como el 5G.
