En el citado pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo los concejales aprobaron, por mayoría, los dos primeros puntos de la propuesta de moratoria del 5G: además de la aprobación reglamentaria de dicha moratoria, se insta a un debate público (amplio, riguroso, pluralista y transparente) que atienda a las partes implicadas y a estudios independientes sobre sus impactos potenciales (en ámbitos como el de la salud, ambiental y climático), así como a aplicar, dentro del ámbito municipal, las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El pleno municipal contó con una participación importante de la ciudadanía, incluidas personas afectadas por enfermedades ambientales, al igual que sucedió en un acto informativo previo realizado en el Consistorio en septiembre, y que contó con la participación de Julio Carmona, de Ecologistas en Acción, y la experta en medicina ambiental Pilar Muñoz-Calero.

El convenio firmado por la alcaldía de Valdemorillo en mayo de 2022 es un proyecto de colaboración público-privado en la que la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid se implica en garantizar y facilitar el despliegue de una red de la tecnología 5G a través de la multinacional American Tower. Dicha empresa ofrecería a los ayuntamientos implicados, a modo de contraprestación de las ayudas públicas recibidas, taquillas smart points, cargadores eléctricos y una pantalla led como panel de información ciudadana.

La FRAVM coincide con Ecologistas en Acción en que esas contraprestaciones no necesitan de la tecnología 5G para llevarse a cabo y, en todo caso, no justifican la apuesta por esta tecnología.

La moción de moratoria del 5G aprobada atiende a las alertas de Principio de Precaución del anterior Defensor del Pueblo, así como de instituciones europeas y del ámbito científico, sobre el impacto sobre la salud de las personas y los impactos biológicos sobre el ecosistema, su exacerbación del consumo energético y el cambio climático, y los usos de vigilancia y control social de esta tecnología 5G.

La formación ecologista entiende que el acceso de la comunidad rural a internet y la velocidad de conexión no va intrínsecamente ligada a la conexión inalámbrica, sino que más bien está hipotecada por la ausencia de una red de cable de fibra óptica y el tipo de acceso a dicha red. Mientras la Comunidad de Madrid presenta el 5G como la forma de conexión a internet en pequeños municipios y zonas rurales, son numerosos los ayuntamientos en todo el Estado que han solicitado la conexión a internet por fibra óptica o debaten sobre ello.

En la línea aconsejada por la Comisión iberoamericana de protección radiológica de campos electromagnéticos (CIPRACEM) y las recomendaciones del Panel STOA de la UE, Julio Carmona de Ecologistas en Acción, enfatiza en “apostar por tecnologías cableadas de conexión (como la fibra óptica), así como por formas de gestión, como las publico/comunitarias, que proporcionen medios de acceso comunitario a internet”.