El proyecto de ordenanza aprobado por la Junta de Gobierno de Madrid el pasado 9 de octubre ha generado una agria polémica en el seno del movimiento vecinal. No en vano, el texto prohíbe expresamente ‘la fijación de publicidad o propaganda mediante carteles, pegatinas, etiquetas proyecciones y otros procedimientos similares y la realización de inscripciones y dibujos publicitarios’. Tampoco permitirá el Ayuntamiento, de aprobarse la normativa, ‘el reparto o entrega en vía pública de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario’ ni ‘publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se autorice en periodo de campaña electoral’.

Tales canales de comunicación han sido utilizados históricamente por las asociaciones vecinales de Madrid para comunicarse con sus vecinos. Entienden, por tanto, que el proyecto de la normativa constituye un ataque frontal contra la libertad de expresión.

La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB), del distrito de Villaverde, por ejemplo, que como cada quince días salió a la calle el pasado fin de semana para repartir boletines, panfletos, pegatinas y recoger firmas, como ‘única actividad que nos permite conocer las verdaderas necesidades de los/as vecinos/as y plantear juntos propuestas e iniciativas’ lamenta que pronto, todo ello pueda estar prohibido y multado.

‘Asociaciones como la nuestra, no tenemos más medios para mantener contacto con los/as vecinos/as que los que el Ayuntamiento de Madrid pretende prohibir. Si esta ordenanza se llegase a aprobar no tendríamos más remedio que cerrar la asociación debido a la imposibilidad material a la que nos abocaría para relacionarnos e informar a nuestros/as socios/as y vecinos/as’.

Por todo ello, repartieron, junto con el resto del material informativo de la entidad, un cartel en el que se puede leer ‘Hoy te puedo informar, mañana será ilegal. Por la libertad de expresión. No a la ordenanza de Gallardón’ (ver fichero relacionado).

La FRAVM está preparando unas alegaciones al proyecto, que está sometida a información pública hasta el próximo 13 de noviembre.