La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el “allanamiento judicial” de la corporación en la causa judicial que la Comunidad de Madrid emprendió el pasado mes de julio contra la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos de la ciudad, una decisión que pone en riesgo la ejecución de algunas de sus medidas más importantes, como el cierre de la incineradora de Las Lomas en 2025. Al menos, este es el temor de los colectivos ecologistas y vecinales, que llevan 25 años peleando por este fin y este sábado, 8 de febrero, llevarán su reivindicación hasta la puerta misma de la instalación.
La FRAVM, Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) han convocado para ese día una marcha que arrancará en la estación de Metro de La Gavia y finalizará ante el Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se ubica. Portavoces de las tres entidades leerán un comunicado en el inicio del paseo reivindicativo, que recorrerá un total de 9 kilómetros. En su transcurso, pedirán que se respeten los plazos de clausura establecidos en el anterior mandato municipal, es decir, la reducción del 50% de la basura quemada en 2022 y el cierre definitivo de la planta tres años después.
El único documento oficial en el que aparece este calendario es la estrategia cuya aprobación ha recurrido el Gobierno regional, y la última decisión del ejecutivo de Martínez Almeida no trae más que malos augurios. ¿Por qué el Ayuntamiento no ha optado por subsanar los errores administrativos que rodearon la aprobación de ese plan, en vez de enterrarlo para siempre? ¿Qué aspectos de su contenido rechaza? Se preguntan las organizaciones citadas, que el pasado 8 de noviembre se reunieron con el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con la intención de resolver, hasta ahora en vano, este tipo de dudas.
La FRAVM se ha personado en el procedimiento contencioso administrativo iniciado por la Comunidad de Madrid con la intención de defender los avances que recoge la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos, un plan que aunque dista mucho de ser perfecto sitúa a la ciudad en la senda correcta, la marcada por Europa. ¿No sería más sensato corregir aquello que está mal hecho en vez de tirar a la basura todo el plan y volver a la casilla de salida, a empezar de cero? Asuntos tan importantes como este, donde está en juego no solo la conservación medio ambiente sino la propia salud de las personas, deberían quedar siempre fuera de las peleas partidistas y situarse en lógicas de cooperación y suma. Un mensaje que el sábado recordarán los manifestantes.
La instalación de Las Lomas es capaz de tratar diariamente unas 900 toneladas de residuos, que proceden de los rechazos de los procesos de tratamiento y clasificación de las plantas de La Paloma, Las Dehesas y la propia planta de Las Lomas, del Parque Tecnológico. En 2018 la incineradora quemó 328.680 toneladas de residuos, su máximo histórico y el límite teórico que puede admitir. Con estas cifras es evidente que la instalación, que actualmente funciona a pleno rendimiento, no puede asumir más basura. Y sin embargo, Valdemingómez acoge, desde el 28 de diciembre, la mayor parte de las 230.000 toneladas residuos anuales que hasta ese momento se llevaban al vertedero de Alcalá de Henares. ¿Qué parte de esta inmundicia es incinerada actualmente en Las Lomas?
Este incremento de los residuos que gestiona el Parque Tecnológico es otro elemento que pone en riesgo la clausura de la incineradora, y por razones como esta el pasado 24 de enero la FRAVM solicitó a los tribunales la paralización cautelar de la llegada de la basura de la Mancomunidad del Este. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que lleva la causa, no ha adoptado aún una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la organización vecinal.
Un modelo peligroso e ineficiente
La incineración de basura es el sistema menos eficiente, más caro y que menos empleo genera en la gestión de residuos urbanos, por lo que el cierre de la planta de Las Lomas es una necesidad urgente, sostienen los colectivos convocantes de la marcha del sábado. Entre las emisiones de esta instalación se encuentran dioxinas y furanos, contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada “docena sucia”, un grupo de productos químicos peligrosos que a su vez forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes. Diferentes estudios señalan la relación entre las emisiones lanzadas a la atmósfera de estos contaminantes y el incremento del riesgo en la población de contraer diversos tipos de cáncer (pleura, vesícula, estómago o páncreas) y enfermedades graves (como el linfoma no Hondgkin o malformaciones en recién nacidos). Uno de estos estudios, publicado recientemente por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, concluye que “existe un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a incineradoras e instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos”.
El Estudio de evaluación de la incidencia para la salud de las emisiones procedentes del parque Tecnológico de Valdemingómez que hizo público el Ayuntamiento de Madrid en enero de 2019 revela que los valores de dioxinas y furanos detectados en el Ensanche de Vallecas triplican los obtenidos en la calle Montesa del distrito de Salamanca, donde se realizó una prueba de control comparativo. Tras la publicación de este informe, el Ayuntamiento se comprometió a realizar mediciones mensuales de estos contaminantes en los cuatro puntos cardinales del complejo, pero a día de hoy ni siquiera se ha licitado el contrato para llevarlas a cabo.
La oposición de la ciudadanía a la actividad de la incineradora es más que notable y se ha mostrado de muy diferentes maneras en los últimos años. El 3 de diciembre de 2017, 3.000 personas se manifestaron en Villa de Vallecas por su clausura, y ese mismo año la propuesta “Incineradora de Valdemingómez NO” consiguió 16.307 apoyos en el portal Decide Madrid, siendo la cuarta propuesta más votada desde la puesta en marcha de este sistema de participación ciudadana.
