En la reunión participaron el presidente de la federación vecinal, Quique Villalobos, su vicepresidente, Javier Cuenca, y el vocal de la Junta Directiva Julio López de la Sen, y por parte de CCOO su secretario general, Jaime Cedrún, la secretaria de Política Social y Diversidad, Ana González, la secretaria de Coordinación de la Comarca de Madrid, Isabel Rodríguez, y el secretario de Política Institucional, Manuel Rodríguez.

En sus intervenciones, ambas delegaciones defendieron la necesidad de alcanzar pactos a todos los niveles para superar la crisis provocada por el Covid-19, una situación insólita que requiere de una apuesta clara por reforzar los servicios públicos. Tal y como ha informado CCOO, Cedrún recordó los últimos acuerdos suscritos por los agentes sociales en varios municipios de la región para relanzar la economía y el empleo, y volvió a señalar la necesidad de llegar a estos pactos con el Gobierno regional para ampliar su alcance a toda la Comunidad de Madrid, a pesar de las reticencias y obstáculos que el Ejecutivo de Ayuso continúa poniendo.

Quique Villalobos, por su parte, trasladó a los representantes de CCOO los tremendos esfuerzos que se están haciendo en los barrios para que las redes vecinales atiendan a todas las personas que lo necesitan hasta que Servicios Sociales pueda asumir a todas las familias en vulnerabilidad sobrevenida, “para lo que haría falta un refuerzo en la plantilla de trabajadoras y trabajadores sociales y más fondos públicos para cubrir estas necesidades”. En este marco alertó de que el Gobierno regional quiera delegar toda la responsabilidad en los ayuntamientos, con cuentas más saneadas, “mientras que la Comunidad de Madrid sigue sin asumir el liderazgo regional de los servicios Sociales. Se hace imprescindible un acuerdo regional para que las familias más vulnerables no se queden, como en crisis anteriores, en condiciones más precarias aún de las de partida”, sostuvo el presidente de la FRAVM.

En la misma línea, la responsable de Política Social y Diversidad del sindicato, Ana González, destacó la “dramática” situación en la que se encuentran las personas con los empleos más precarios y, aún más, la de aquellas que ya se encontraban en la economía sumergida con anterioridad. González subrayó que hasta ahora la Comunidad de Madrid se ha dedicado a transferir recursos económicos y no se ha preocupado de las necesidades alimentarias de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión. Por ello, señaló que habrá que tener en cuenta cómo se reconducen los 200 millones de euros destinados a la RMI e inclusión cuando se apruebe el Ingreso Mínimo Vital.