La CEAV denuncia la subida del precio de la luz y el gas y exige la intervención directa del Gobierno

Ante el incremento, en plena tercera ola de la pandemia de la Covid-19 y con el país con temperaturas bajo cero, de los precios de la electricidad y el gas, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que agrupa a más de 3.000 entidades barriales y más de 100 confederaciones y federaciones regionales, pide la intervención directa del Gobierno central en el sector con el fin de frenar la subida y establecer unos precios racionales y justos.

La CEAV denuncia la subida del precio de la luz y el gas y exige la intervención directa del Gobierno
El acceso a la luz y al gas debe ser un derecho protegido

Desde hace tiempo, de forma reiterada, la CEAV, en la que participa la FRAVM, ha denunciado que el sistema de subastas resulta ser un espacio perfecto para la especulación en el precio de la energía eléctrica. Así se demuestra con los incrementos establecidos recientemente: 27% con la tarifa regulada PVPC.

Por otro lado, crece el precio del gas un 22%, datos ambos , publicados en los medios de comunicación, que no encuentran justificación de ninguna forma ni en la demanda, a pesar de su incremento, ni en los precios de los combustibles en origen. En consecuencia, con este sistema se aleja la consideración de la energía como derecho ciudadano de acceso a la misma y se abona las maniobras de las grandes empresas que se reparten el mercado eléctrico español, sostiene la confederación.

En estos momentos todavía resulta más grave por la situación generada por la pandemia y sus efectos en la mayoría de las familias y de las personas.

Por todo ello, el Gobierno de España, a través de su Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico debe modificar, con la participación de la ciudadanía, de forma profunda y cuanto antes este sistema perverso para ajustar los precios a la demanda real, al margen de todo negocio inmoral con las condiciones de vida de las personas, creando un mercado eléctrico cuyos precios estén más regulados, sean más previsibles y más justos, estando todo ello en el marco de un cambio radical en el modelo de producción energética y del control de su distribución.

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