Lo ha hecho al amparo de la previsión del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afirma taxativamente que “el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare”.
La denuncia ha sido presentada por los delitos de ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO (ex art. 409 CP), MALVERSACIÓN (ex 432 CP) y PREVARICACIÓN (ex art. 404 CP), presuntamente cometidos por el equipo de Gobierno municipal a raíz de las decisiones adoptadas al objeto de demoler el polideportivo municipal Huerta Vieja, después de haber eludido su deber de mantenimiento de dichas instalaciones públicas y haciendo caso omiso de los informes técnicos que recomiendan su reparación (y no su derribo); todo ello causando un perjuicio para los usuarios del mismo al mantener cerradas las instalaciones durante más de un año y para los propios intereses económicos del Ayuntamiento.
Los hechos puestos de manifiesto en la denuncia de la Asociación Vecinal de Majadahonda empiezan en el mes de septiembre de 2021, pocos días antes del comienzo del curso 2021-22, cuando por diferentes medios, el Ayuntamiento de Majadahonda notifica a los usuarios de la piscina cubierta que “tras realizar las inspecciones previas necesarias a la apertura de la piscina de Huerta Vieja, hemos detectado daños en la estructura que nos hacen imposible abrir la instalación con la seguridad y garantías necesarias”. Sin embargo, de forma inesperada el Ayuntamiento publicó en su página web el día 24 de enero de 2022, es decir cinco meses después de haber anunciado que se iban a evaluar las patologías encontradas en la piscina y a proceder a repararlas (sin haber hecho ninguna de las dos cosas), un aviso encabezado con el título “el Ayuntamiento levantará un nuevo polideportivo en Huerta Vieja tras demoler la estructura actual”.
A juicio de la AVM, la decisión de demoler la instalación contradice de forma flagrante la opinión de los técnicos que recomiendan su reparación, tal y como se pone de manifiesto en los siguientes informes: el firmado por el técnico municipal Rafael Emilio Lleonart el día 1 de septiembre de 2021, el suscrito el 21 de septiembre de 2021 por los arquitectos técnicos de la empresa Control Prevención Verificación (CPV) Víctor Navarro de Miguel y Francisco de la Barrera Cid y, por último, el de mayo de 2022 redactado por el antiguo responsable del Servicio de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Majadahonda, Julio Hernanz Cabilla.
Los presuntos delitos denunciados por la AVM son, por consiguiente, el de abandono del servicio público, ya que, constatada a través de los informes municipales la ausencia de mantenimiento en el pasado de la piscina Huerta Vieja, si las autoridades hubieran actuado de inmediato en el momento de la detección de las patologías (septiembre de 2021), siguiendo los criterios de los técnicos, y hubiesen procedido a repararlas en el plazo consignado de unos dos meses, el servicio se habría suspendido solamente durante ese tiempo y los usuarios podrían haber disfrutado de las instalaciones con solución de continuidad en el entorno de la Navidad de 2021. Muy al contrario, las autoridades, lejos de proceder a reparar las patologías, dejaron pasar el tiempo, desistiendo dolosamente de cualquier mantenimiento, por lo que presumiblemente la piscina seguirá deteriorándose con el paso del tiempo.
Por lo que respecta al presunto delito de malversación, las decisiones de los denunciados de desatender sus obligaciones en la prestación de los servicios públicos deportivos en la piscina Huerta Vieja de Majadahonda, la ausencia de mantenimiento de las instalaciones, la no reparación de las patologías detectadas en las mismas y su demolición, construcción y entrega en modo de gestión privada a una empresa, en el bien entendido que se ha optado por la decisión más onerosa en coste y plazo, en perjuicio de los intereses de los ciudadanos de Majadahonda, bajo una gestión indebida del patrimonio público administrado respecto a los intereses de su titular, solo puede concebirse bajo una administración desleal del patrimonio público.
Finalmente, en lo que concierne a la presunta prevaricación, a criterio de la AVM, no cabe ninguna duda de que la arbitrariedad en la decisión de los denunciados reside de forma palmaria en promover la demolición de una instalación deportiva en lugar de proceder a su reparación, tal y como recomiendan los técnicos en los informes mencionados, lo que es contrario a la razón y además es presuntamente injusto, en tanto que reside en una inequívoca voluntad dolosa de abandonar el servicio público tras una duradera ausencia de mantenimiento.
