Bajo las “tres chimeneas” de las dark kitchen de la calle Alejandro Ferrant, 8, que vierten sus humos al patio del centro educativo, han dado el pistoletazo de salida a una campaña que finalizará el próximo 16 de noviembre, fecha en la que termina el plazo para registrar sugerencias al proyecto de modificación del plan general.

Con esta modificación, el Ayuntamiento de Madrid pretende, entre otras cosas, regular adecuadamente iniciativas empresariales y formas de producción y consumo que han surgido en los últimos años, como es el caso de las dark kitchen, que denomina “cocinas agrupadas”. “Necesitamos unas normas que sirvan para preservar el derecho de los vecinos y vecinas residentes a vivir en sus viviendas de manera segura y sin riesgos para su salud y bienestar, y por tanto sin las graves molestias que generan este tipo de actividades industriales. Por eso es esencial que el Ayuntamiento incorpore esta visión, anteponiendo el derecho a la ciudad de sus habitantes a las oportunidades de negocio de unos pocos”, ha indicado esta mañana Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, que ha estado acompañado por representantes de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Miguel de Unamuno y de comunidades vecinales afectadas por las cocinas fantasma de otros puntos de Arganzuela, Chamartín, Centro y Tetuán.

“Pedimos que este tipo de negocios industriales estén alejados de centros educativos, así como de centros de personas ancianas, hospitales, etc. porque en ningún caso puede haber un negocio de carácter industrial pared con pared ni cerca de un lugar como un colegio donde, en nuestro caso concreto, estudian 900 menores de entre 3 y 12 años, menores que tienen doce cocinas con tres chimeneas a la altura del patio y a unos 35 metros de las aulas”, ha asegurado Noelia Cabezas, portavoz de la AFA.

La hoja de recogida de firmas que los delegados vecinales han presentado esta mañana incluye siete propuestas que tienen como objetivo alejar las cocinas fantasma de las áreas residenciales y de “centros escolares y lugares de concentración de población vulnerable”. Son las siguientes:

1) Fijar en ámbitos de uso cualificado residencial a) un máximo de 4 cocinas por establecimiento, junto con la superficie máxima de 350 m2 y b) una distancia mínima entre establecimientos de 500 metros.

2) Especificar que en la superficie máxima de 350 m2 computan también la sala de espera, el cuarto de residuos y otras dependencias comunes.

3) Establecer una distancia mínima de 500 metros respecto de los centros escolares, hospitales y otros espacios de concentración de población vulnerable.

4) Regular un periodo de un año, a partir de la aprobación de la modificación, para que las cocinas existentes se adapten a la nueva normativa.

5) Extender las condiciones exigidas a las cocinas agrupadas en los ámbitos de uso cualificado residencial a las cocinas que se ubiquen en áreas reguladas por la Norma Zonal 9, grados 1º y 2º.

6) Limitar el horario de actividad al tiempo entre las 10:00 y las 22:00 horas. 7) Requerir la elaboración de un informe de movilidad y un informe de medio ambiente.

7) Prohibir la venta directa al público y las multilicencias (establecimientos en los que las cocinas industriales aparecen combinadas con otras actividades de comercialización).

Desde hoy hasta mediados de noviembre, asociaciones y plataformas vecinales recogerán firmas en papel con estas demandas con el fin de registrarlas en el Ayuntamiento de Madrid junto a sus escritos antes de que finalice el plazo de presentación de sugerencias al proyecto de Modificación de las Normas Urbanísticas.

Tanto la FRAVM como la plataforma de damnificados siempre han defendido que este tipo de actividad industrial, que tiene enormes afecciones en el entorno, ha de realizarse en zonas catalogadas como industriales. Antes del verano, el Ayuntamiento acordó suspender la concesión de nuevas licencias para cocinas agrupadas hasta que no apruebe la Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOUM, algo que no afecta a los negocios que ya cuentan con autorización. Así, a pesar de las graves molestias que causan en la vecindad, siguen funcionando las cocinas fantasma de las calles Canillas y Suero de Quiñones, en Chamartín, las de José Calvo y Morando, en Tetuán, las de San Bernardino, en Centro y acaban de ponerse en marcha las de Alejandro Ferrant, para desgracia de las familias de los 900 niños y niñas del colegio Miguel de Unamuno. Las comunidades afectadas han recordado esta mañana los problemas de ruidos, olores, humos y de movilidad que generan, por lo que han vuelto a pedir su cierre y traslado a espacios no residenciales.