Con el eufemístico nombre de Decreto de Libre Elección y Área Sanitaria Única, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha un proceso de reforma radical del sistema sanitario público que agravará más aún los problemas que las vecinas y vecinos de Madrid llevan tiempo sufriendo. A ellos hizo referencia Nacho Murgui, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), durante la rueda de prensa que la organización ofreció ayer junto con CC OO Madrid,UGT Madrid y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) para desgranar los motivos de su oposición a la aprobación del decreto: “En la actualidad, los médicos madrileños atienden a una media de 1.728 usuarios frente a los 1.500 que recomiendan las autoridades sanitarias, lo que obliga a los usuarios a esperar varios días para ver a su médico de cabecera, como ocurre en el centro de salud de la calle Cestona, en el distrito de Usera. No hablemos de los especialistas. A todo esto sumamos la saturación de usuarios que sufren muchos centros, como el de Aluche, por ejemplo, que atiende a 40.000 personas cuando las autoridades sanitarias fijan máximos de 25.000 y la falta de infraestructuras, que se pone de manifiesto en la existencia de algunos centros ubicados en barracones prefabricados, como el de Adelfas, en Retiro. Los de especialidades tampoco se encuentran en mejor situación: el de la avenida de Portugal (Latina) presta servicio a 250.000 vecinos de la zona; el de Getafe, por su parte, atiende a los más de 353.000 vecinos de los municipios de Getafe, Parla y Pinto, la población de referencia de un hospital”, recordó Murgui. Por todo ello, “lo que la sanidad pública necesita es más inversión pública para incrementar los medios humanos y materiales. Más inversión para construir, al menos y de forma urgente, 42 centros de salud y 20 centros de especialidades en la región y contratar 1.250 médicos de familia y 420 pediatras, además de personal de enfermería y personal administrativo para reforzar el servicio de las citas telefónicas. Lejos de dar respuesta a estas necesidades -subrayó- el Gobierno regional se saca de la manga una medida dirigida a eliminar las 11 áreas en la que se basa el actual sistema sanitario y a centralizarlas en una única que, evidementemente, dificultará la planificación de los recursos toda vez que aleja el centro de la toma de decisiones de los barrios, despreciando las variables sociodemográficas y los problemas de salud específicos de cada zona”.
Marciano Sánchez Bayle, presidente de la ADSPM, hizo hincapié en la importancia de una organización sanitaria territorializada. “Organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico … subrayan la necesidad de acercar la gestión de los recursos sanitarios al territorio. En contra de este criterio y de la propia Ley General de Sanidad, que establece que las áreas sanitarias no deben superar las 250.000 personas, el Gobierno regional ha optado por crear una única área sanitaria de 6,5 millones de personas”. Pero no sólo. “A la creación del área única s uma la falaz medida de la libre elección de profesional. No se puede engañar así a la ciudadanía: es imposible que un médico atienda a 6,5 millones de personas. Este derecho sólo se podrá gestionar estableciendo un cupo máximo o bien otorgando a los médicos la capacidad de denegar solicitudes. Teniendo en cuenta que el decreto contempla el pago de primas por productividad, los médicos priorizarán la atención a las personas sanas o a aquellas que no presenten patologías complejas”, concluyó antes de invitar a la ciudadanía a secundar la concentración que se celebrará hoy y de invitar al Gobierno central a que intervenga para frenar la puesta en marcha de una medida que, en la práctica, “supone un flagrante incumplimiento de la Ley General de Sanidad”.
En su intervención, el portavoz de UGT Madrid, Juan Luis Martín, recordó que el programa electoral de Esperanza Aguirre “no contemplaba ninguna medida dirigida a modificar el sistema sanitario” por lo que la aprobación del decreto constituye, a su juicio, “un fraude democrático” toda vez que “no ha sido sometido al diálogo social”. Martín fue más allá en su valoración de la medida al calificarla como “ley tapadera” ya que “una cosa es lo que muestra y otra lo que pretende: bajo la eufemística fórmula de la libre elección de profesional -ha señalado- lo que se pretende es introducir la mercantilización y la competencia entre centros sanitarios y profesionales, incrementando más aún la desigualdad en el acceso al sistema sanitario. Las consecuencias de la desigual retribución a los médicos y la desigual aportación de recursos económicos a los centros en función de la demanda de la ciudadanía son claras: más desigualdad y discriminación tanto para los médicos como para los usuarios”.
Ana González, secretaria de Política Social de CCOO-Madrid, cerró la ronda de intervenciones recordando que las fórmulas de gestión sanitaria que está aplicando Esperanza Aguirre en la región de Madrid ponen de manifiesto una “política errática caracterizada por la precipitación y la improvisación”. “No olvidemos -subrayó-, que hace ahora dos años quiso ampliar las 11 áreas sanitarias a 15. Ahora, con la misma falta de estudios que justifiquen su empeño en modificar la organización del sistema sanitario público, se empeña en reducirlas a una sola. Todo esto pone de manifiesto -concluía- su evidente incapacidad para gestionar la sanidad pública. Muestra de ello es también el incesante incremento de las listas de espera, un problema que sí se comprometía a solucionar en su programa electoral y que, como ha demostrado el informe que el Defensor del Pueblo presentó en el Congreso hace 15 días, no deja de empeorar”.
Tras la “última ocurrencia” de Aguirre se oculta, a juicio de González, una estrategia dirigida a reducir los ya escasos recursos públicos para abrir paso a la definitiva privatización de la sanidad pública, una fórmula que ya se ha demostrado fallida para garantizar el derecho constitucional a la salud. “Los ciudadanos -remató González- necesitamos que nos atiendan y que nos atiendan bien en centros públicos próximos en los que los profesionales presten una atención sanitaria de calidad y equitativa. Esperamos, por tanto, que el Ejecutivo recupere la sensatez y decida restablecer el diálogo con las organizaciones sociales para recuperar la calidad de un servicio público que antaño fue ejemplar’.
