El Ayuntamiento de Rascafría reunido en pleno acordó el pasado 19 de mayo rescindir los convenios que suscribió con el Canal de Isabel II en junio de 2012 por los cuales traspasaba a la empresa pública la distribución del agua y el alcantarillado por un periodo de 50 años e iniciar el proceso de remunicipalización del servicio con los votos a favor de cinco concejales del PP, tres votos en contra del PSOE (partido que gobierna el Consistorio) y la abstención de un concejal independiente. Los miembros del equipo de Gobierno municipal acordaron, asimismo, constituir un Consejo Sectorial del Agua donde se establecerán los pasos a seguir en el proceso de remunicipalización compuesto por un representante del equipo de Gobierno, uno de la oposición, dos de la Plataforma y uno de la Urbanización los Grifos.
La decisión del pleno municipal se corresponde con el resultado de la consulta ciudadana celebrada el pasado 26 de abril, en la que participó el 64% de las personas censadas en el municipio. De éstas, el 72% (587 vecinos) se decantó contra la cesión de la gestión del agua al Canal de Isabel II y por la remunicipalización de un servicio del que se había hecho cargo el Ayuntamiento durante medio siglo.
En junio de 2012 el Ayuntamiento de Rascafría, gobernado por el PSOE, firmó un convenio con el Canal de Isabel II Gestión por el que el municipio se adhiere al nuevo modelo de gestión y traspasa a la empresa la distribución del agua y el alcantarillado de la localidad por un periodo de 50 años.
Rascafríalleva 50 años gestionando su agua y ha construido con sus propios medios una presa de captación y su red de suministro y alcantarillado. Sus vecinos y vecinas, por tanto, no entienden que para mejorar la red municipal y contribuir al gasto de la depuración el Ayuntamiento firme un convenio con Canal de Isabel II Gestión ya que, además de incrementar abusivamente el precio del agua, cede a la empresa el patrimonio municipal y pierde el control de la gestión. En adelante, ya no será el Pleno municipal el que fije las tarifas, sino que lo hará Canal Gestión S.A, empresa que asegurará sus beneficios e intereses con subidas abusivas de los precios del servicio del agua.
En agosto de 2013, un grupo de vecinas y vecinos constituyeron una plataforma para exigir la revocación del convenio y que el Ayuntamiento volviera a asumir la gestión del agua. En apenas unos días recogieron la firma de 1.200 vecinos del municipio.
El 25 de noviembre dieron un paso más y presentaron una Iniciativa Popular avalada por 680 vecinos censados (más del 60% del total) y 305 residentes. A pesar de que la iniciativa fue presentada en tiempo y forma, el pleno del Ayuntamiento, reunido en pleno el 30 de enero de 2014, decidió no admitirla alegando que no iba acompañada de “una propuesta alternativa y fundamentada técnica y económicamente”.
“En un ejercicio de responsabilidad”, y puesto que el Ayuntamiento tampoco había realizado un análisis económico previo que justificara el cambio de modelo de gestión del agua, la plataforma elaboró y presentó a los vecinos un análisis que prueba la viabilidad económica de la gestión municipal del agua y su rentabilidad a medio y largo plazo. Un trabajo, recuerdan, que “correspondía hacer al Ayuntamiento”.
La La presión ciudadana logró que el Consistorio accediera a llevar a cabo una consulta ciudadana que se celebró el 26 de abril.El 64% de la población censada en este municipio del valle de Lozoya participó en la consulta. De los 797 votos depositados en las urnas, el 72% (587) votó contra la gestión del agua por parte del Canal de Isabel II y 210 lo hicieron a favor, un resultado que califica de “contundente”. La mayoría de la población, aduce, “no quieren que sea la sociedad anónima Canal Gestión la que gestione el servicio del agua”.
En países como Francia y Alemania decenas de ayuntamientos, entre ellos el de París, han decidido remunicipalizar la gestión del agua. En España, la batalla por la gestión pública del servicio se libra, entre otras, en la Comunidad de Madrid, en las islas canarias de Lanzarote y La Graciosa y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya población logró paralizar en los juzgados la privatización del servicio.
