Las organizaciones que forman parte de la Cumbre Social animan a la ciudadanía a salir a la calle contra el paro y por la regeneración de la democracia el próximo 10 de marzo sumándose a las movilizaciones europeas convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos en el conjunto de la Unión Europea.
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Para reprobar las actuaciones de una Comisión Europea enrocada en políticas fracasadas, ajena a los problemas de la ciudadanía europea a la que deben su legitimidad e incapaces de comprender a qué intereses deben servir las instituciones europeas y los recursos comunes de los europeos. Tras cinco años de crisis lo único que crece dentro y fuera de Europa es la desigualdad, el desempleo, la miseria, la exclusión social y las dudas sobre unos dirigentes europeos cuya pertinaz insistencia enpolíticas fracasadasresulta inaceptable.
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Para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos huecos ha terminado. Seis millones de personas en paro, dos millones de ellas sin recibir ningún tipo de prestación, 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo, y cerca del 27 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza son la insoportable realidad del país. Una realidad que, según todos los datos, se agravará día a día porque continuaremos en recesión económica, las grandes empresas siguen planteadoerescon despidos masivos, continúa la sangría de despidos individuales… El Debate del Estado de la Nación nos mostró a un Presidente del Gobierno cada vez más alejado de los problemas de los ciudadanos. De no corregirse de manera urgente y en profundidad ese distanciamiento puede abocarnos a situaciones como la de Italia, donde las recientes elecciones han demostrado el éxito de las opciones populistas y el hartazgo de una parte de la población con el actual funcionamiento de las instituciones democráticas.
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Para denunciar, con motivo de la conmemoración del día Internacional de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo,las consecuenciasque la crisis y las políticas neoliberales tienen en materia de género:incremento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, recortes de empleo en la función pública con fuerte presencia de mujeres, reducción de servicios sociales y en la atención a la dependencia que favorecían la incorporación de las mujeres a la vida laboral o supresión de organismo que defienden y apoyan los derechos de la mujer.
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Para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…)y cualquier reforma unilateral del sistema público de pensiones que lo convierta en otro instrumento de las políticas de ajuste, expoliando nuevamente los derechos de los ciudadanos, y abandonando a su suerte a los actuales y futuros pensionistas.
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Para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortessobre cualquier intento deengañar a la ciudadaníaen la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago y la Paralización de los Desahucios que desvirtúe o pervierta sus principales objetivos.
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Para rechazar la reforma de la ley de bases de régimen local, porque debilitará las capacidades de actuación de las corporaciones locales, las administraciones más próximas a las personas, en un nuevo intento denegarfinanciación para los servicios a los ciudadanos, mientras convertimos en deudas de todos (tres puntos de déficit público) la fraudulenta gestión de los directivos de las entidades financieras.
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Para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos constitucionales de expresión, pensamiento, o manifestación. Exhiben un escalofriantedesprecio a losprincipios democráticos, quienes pretenden criminalizar a los jóvenes por manifestarse libremente desde las instituciones que les representan, especialmente si utilizan como argumento la financiación pública de esas instituciones; con esa lógica deberíamos eliminar los grupos de oposición de todas las instituciones democráticas cuyo deber es controlar y discrepar de quienes ejercen las responsabilidades de Gobierno, por recibir para su función –como es necesario- financiación pública. Condenamos asimismo,la decidida voluntad del Ministerio del Interior de convertir el conflicto social en un conflicto de orden público, ordenando intervenciones desproporcionadas para reprimir manifestaciones pacíficas.
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Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas, que corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas, y aceleran el deterioro del entramado institucional que surgió de la transición democrática.
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Exigimos que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas, expulsando a las personas corruptas de la vida pública y acometiendo las reformas constitucionales que sean precisas.
