El 7 de mayo de 2007, el Gobierno regional inauguraba el parque de Valdebernardo, una zona verde de 123 hectáreas en cuya construcción invirtió 17 millones de euros. Dos años después, en julio de 2009, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre acordaba convocar un concurso público para adjudicar la gestión integral del parque a una empresa privada durante cuarenta años. El concurso, declarado desierto en dos ocasiones, otorga el mantenimiento y conservación del parque, así como la explotación de la estación depuradora de aguas residuales, de cinco quioscos (a los dos existentes se sumaría la construcción de otros tres), de un vivero que, según el propio Gobierno regional produce dos millones de árboles al año, y la explotación de varias parcelas edificables que suman una superficie de 29.809 metros cuadrados. “Esta operación -denuncia Jesús Pérez, portavoz de la Plataforma en Defensa del Parque Público de Valdebernardo – es un expolio del patrimonio de todos los madrileños. Las 123 hectáreas que ocupa el parque es suelo público y todo lo que hay en él se ha construido con dinero de todos los madrileños. Ahora el Gobierno pretende ceder la explotación de todos los servicios a empresas privadas que, además de llevarse los beneficios de la gestión, percibirán los 161 millones de euros de la licitación, varias retribuciones complementarias por cada servicio explotado más una aportación directa de más de un millón de euros anuales durante los 40 que dura la cesión. Un negocio redondo. Eso explica -añade- por qué el Gobierno regional se ha negado a ceder el parque al Ayuntamiento de Madrid”.
Las asociaciones vecinales del distrito denuncian, asimismo que la superficie inicialmente prevista para la construcción del parque ha sufrido notables recortes. “La sucesiva cesión de parcelas para la construcción de las instalaciones de Faunia, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y el hospital de Vallecas a empresas privadas -denuncia Pérez- nos ha ido dejando sin terreno público disponible para construir equipamientos sociales”.
Por todo ello y, ante el anuncio hecho público por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la inminente disolución del Consorcio Urbanístico de Valdebernardo, los grupos municipales del PSOE e IU pedieron al pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid que solicite el traspaso y la titularidad del parque, así como la cesión de las parcelas dotacionales actualmente vacantes en el Plan Especial Norte (PEN) Valdebernardo Norte y en el Área de Planeamiento Incorporado 19.01 (API 19,01) para la construcción de dotaciones para el distrito de Vicálvaro.
“Los vecinos de Vicálvaro -concluye Pérez- no entenderíamos que el Ayuntamiento no reclame una competencia que es suya”. Conseguido el traspaso, “demandamos que se establezcan vías democráticas y participativas para que los vecinos puedan intervenir en la decisión de qué es lo que se va hacer definitivamente con las parcelas disponibles en el parque”.
