El artículo 119 de la Constitución española reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la Justicia Gratuita. El ejercicio de este derecho le permite disponer de un abogado y de un procurador, así como la exención de los gastos derivados de un juicio (informes periciales, fianzas, etc).
En la actualidad el servicio se enfrenta a dos amenazas: la reforma de la Ley de Justicia Gratuita y, por otro lado, los recortes presupuestarios que el Gobierno de la Comunidad ha aplicado desde 2003, unos recortes que amenazan el sostenimiento de un servicio público esencial que debería garantizar a la ciudadanía los derechos fundamentales a la libertad, a la seguridad y a la tutela judicial efectiva, en especial los de las familias con menos recursos, como las familias en riesgo de desahucio, por ejemplo.
Desde 2003, año en que se transfirieron las competencias en materia de Justicia a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid no solo no ha actualizado el pago a los abogados del Turno de Oficio: en 2012, además, redujo la cuantía abonada un 20%. Si hasta ahora estos recortes no han repercutido, de forma proporcional, en la calidad del servicio prestado es porque, en parte, se está financiando con las cuotas de los colegiados. Es como si los médicos asumieran parte del coste de la Sanidad pública.
A la congelación de las minutas de los abogados se suma el retraso sistemático en los pagos como consecuencia de un desfase presupuestario que no presenta ninguna otra Comunidad Autónoma, además de la de Madrid. Si el periodo medio de pago legal es de 60 días, los abogados del Turno de Oficio de Madrid cobran con un retraso de 150 días.
El martes 19 de mayo a las 10:30h el Colegio de Abogados de Madrid convocó una concentración que la FRAVM apoyó ante su sede para reivindicar que la asistencia jurídica gratuita sea un servicio prestado de manera digna.
