No estaba en su agenda, pero Alberto Ruiz-Gallardón tuvo que escuchar las quejas de la asociación vecinal Orcasur por la privatización de la gestión del campo Maris Stella en su visita a Usera. El alcalde acudía para conocer las nuevas instalaciones del Centro de Formación de Oficios del distrito, en cuya construcción se han invertido 4,7 millones de euros. El nuevo edificio, que forma parte de las actuaciones del Plan Especial de Inversión de Usera, posee 8 aulas, 6 talleres, vestuarios y salón de actos, espacios a los que hay que sumar los 2 talleres del antiguo pabellón, actualmente en proceso de reforma. En su puerta, el alcalde se topó con un grupo de vecinos que portaban carteles con la rúbrica “Tarjeta roja al Ayuntamiento de Madrid. No a la privatización del campo Maris Stella”. Tras la presentación del nuevo centro, mantuvo un encuentro informal con la presidenta de la AV Orcasur, Piedad Martínez. En la reunión, Gallardón se comprometió a estudiar el caso del terreno deportivo y dar una respuesta en el plazo de una semana.
Durante 30 años, la entidad vecinal ha gestionado el campo de fútbol municipal Maris Stellae, en el entrenan semanalmente 300 niños y jóvenes. Pero hace unas semanas, para sorpresa de propios y extraños, el Consistorio, tras convocar un concurso público en el que la asociación competía con una empresa privada, adjudicó su gestión a la segunda. “Esto no lo vamos a consentir. El Ayuntamiento no se ha gastado nada de dinero en el campo. Toda la inversión ha sido realizada por la asociación, pero claro, ahora que el terreno tiene césped artificial, algo que arrancamos a la Comunidad de Madrid hace tres años, por primera vez saca a concurso su gestión y se lo da a una empresa que no tiene experiencia en el barrio”, afirma Piedad Martínez. La asociación recurrirá el fallo del concurso y, si el Ayuntamiento no rectifica, “nos encerraremos en las instalaciones”, amenaza la dirigente vecinal, cuya principal preocupación son los niños y jóvenes que las utilizan. “Ahora cobramos unos 100 euros al año por usuario, pero cuando el campo se privatice los precios pueden subir hasta los 500 euros, lo que provocaría que muchos chavales abandonen la actividad deportiva ya que la mayoría provienen de familias con muy pocos ingresos”, resume Martínez.
“Nos parece increíble que a la vez que el Ayuntamiento firma unos planes especiales de inversión que incluyen la creación de escuelas deportivas con las asociaciones, nos quite la gestión de equipamientos en los que llevamos toda la vida”, concluye la presidenta de Orcasur.
