Según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, de abril de 2016, el 11% de los hogares españoles (5,1 millones de personas) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos. Además, el 21% de los hogares (12,1 millones de personas), si restamos sus gastos de energía y vivienda, vive con una cuantía inferior a 665 euros, que es el monto equivalente a la Renta Mínima de Inserción más alta del Estado español, la que tiene el País Vasco. Como consecuencia de esta situación, siempre en virtud del documento, 7.000 personas fallecen cada año en España por motivos relacionados con la pobreza energética.

En la Comunidad de Madrid, más de 400.000 personas viven en situación de pobreza severa y 1,3 millones en riesgo de exclusión. Si ponemos el foco en la capital, el 23,48% de los hogares sufre pobreza energética, según un estudio sobre este problema publicado el año pasado por el Ayuntamiento. Hay que resaltar que el 77% de las viviendas de la ciudad tienen una antigüedad superior a 25 años y carecen de sistemas de calefacción o estos no son eficaces para combatir el frío, de ahí la importancia de planes municipales de rehabilitación como el actual Plan MAD-RE, Madrid Recupera, en el que se ha volcado la FRAVM.

A esta situación hay que agregar las recientes subidas en los suministros de gas y electricidad. El gas se incrementó en enero un 6,2% y para este año se prevé una subida de la luz del 2,5%, a pesar de que en 2017 ya se incrementó un 10%.

En definitiva, un número vergonzante de familias de la región tiene serios problemas para pagar sus recibos de luz o gas y en estos días de frío intenso tiene que hacer malabares para elevar la temperatura de su hogar.

Tal y como sostienen los convocantes de la manifestación del día 17, entre los que se encuentran CCOO, UGT, la Coordinadora de ONGD, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CECU, ATTAC, Podemos, IU, EQUO y Yayoflautas, “en pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía, por lo que exigimos la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética, que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas, necesario para el desarrollo de una vida digna tanto en el ámbito físico como social”.

Una norma que, además, ataque las causas profundas de este problema y promueva una reforma integral del sistema energético con objeto de garantizar “precios justos y equilibrados”. “Y también -continúan en un manifiesto que acaban de hacer público- una planificación de la rehabilitación energética de las viviendas, atendiendo especialmente los casos en que las bajas rentas de los inquilinos hacen necesarias ayudas de las administraciones públicas”.

Asociaciones vecinales y de consumidores, grupos ecologistas y sindicatos, aprovecharán la marcha del sábado para denunciar la actitud mostrada en los últimos meses por las grandes empresas del oligopolio energético y por el Gobierno central, que han frenado iniciativas correctoras de diversas administraciones públicas.

Como se puede leer en el citado manifiesto, “Endesa y Gas Natural han recurrido las nuevas contrataciones de suministro eléctrico de los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Valencia porque en el pliego de condiciones incluyen cláusulas para reducir la pobreza energética. Muy recientemente, ha sido declarado nulo por los tribunales el protocolo para evitar los cortes de agua y luz a familias en situación de vulnerabilidad en Cataluña. Y también este mismo invierno, el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de la Comunidad Valenciana contra la pobreza energética”.

Mientras tanto, “la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha es el “bono social eléctrico”, un descuento del 25% o el 40% en la factura dependiendo de los casos. El bono social, tal y como está regulado, no deja de ser un parche que no soluciona la situación, y al que incluso no puedan acceder muchas personas que lo necesiten”, critican los colectivos sociales, antes de remachar: “tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia. Más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palíe estas situaciones”.

Por todo lo anterior, la FRAVM hace un llamamiento a sus asociaciones en particular y a la ciudadanía en general a salir a la calle el próximo 17 de febrero, y a hacerlo con mantas y velas, para mostrar la terrible situación que a diario, en estos meses invernales, sufren miles de hogares madrileños. ¡Actúa contra la pobreza energética!