Con motivo del Foro Mundial del Agua, organizado en Marsella en marzo de 2012, asociaciones y colectivos que trabajan en defensa del medio ambiente lanzaron la Iniciativa Ciudadana Europea ‘El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano – El agua no es un bien comercial, sino un bien público’, iniciativa que requiere un millón de firmas para que la Comisión Europea promueva un cambio en la legislación al objeto de garantizar el acceso universal (y global) al agua y al saneamiento, y la preservación de los limitados recursos hídricos públicos para las generaciones futuras.

En apenas un año, ya se han recogido más de 1’5 millones de firmas en toda Europa. Algunos países, como Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia y Eslovenia, ya han superado los objetivos establecidos. A España no le quedan muchas: en abril había logrado 30.130 (8.000 en papel y 22.130 a través de internet) de las 40.500 fijadas como objetivo. Las personas interesadas en apoyar la iniciativa pueden hacerlo aquí.

La iniciativa ha contado con el apoyo de los alcaldes de 10 ciudades europeas que suman 10 millones de habitantes: Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Génova, Gante, Leicester, Nantes, Nápoles, Viena y París. En España, la Diputación de Sevilla ya se sumó a la Iniciativa Ciudadana Europea el pasado mes de diciembre. 

La UE reconoce que el agua es un bien público vital para los ciudadanos y un pilar de la vida pero también “uno de los pilares económicos y sociales”. Muestra de ello es que en España, casi el 50% de la gestión del agua está ya en manos de empresas privadas o mixtas. Es el caso del Canal de Isabel II en Madrid. En otros países, cada vez son más las ciudades que, tras privatizar la gestión, han vuelto a recuperar el control público por encarecer el acceso al agua, empeorar la calidad del servicio y por provocar agresiones medioambientales, como Cochabamba (Bolivia), Buenos Aires o París, que el 1 de enero de 2010 recuperó el control de la gestión y en poco más de un año logró bajar las tarifas un 8 % y un ahorro de 35 millones de euros.

La iniciativa europea busca que el contenido de la resolución 64/292, que afirma que ambos «son esenciales para la realización de todos los derechos humanos» y exhorta «a los Estados y a las organizaciones internacionales a intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y al saneamiento».

El derecho humano al agua, reconocido en la Resolución 64/292, no ha sido recogido oficialmente en la legislación de la Unión Europea. La iniciativa pretende, por tanto, que la legislación de los países europeos garanticem que el agua se mantenga al margen de las normas del mercado y de la liberalización de los servicios de agua y saneamiento para garantizar el acceso universal a este bien natural. En la actualidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2012, el 20 % de la población rural europea no tiene acceso al agua y 8 millones de personas carecen de saneamiento.