El pasado día 8 de marzo el gerente de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid resolvió el cierre, en 48 horas, de los centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad psíquica Magerit, Fray Bernardino -ambos en Carabanchel- y el de Arganda del Rey argumentando “patologías en las referidas construcciones que, aún sin prever riesgo de inminencia apremiante general, desaconsejan la continuidad de la explotación de estos centros”.

Por orden de la misma consejería trasladaron, sin información previa ni planificación alguna, a 300 usuarios con necesidades muy especiales a instalaciones que, a juicio de familiares y trabajadores, son “inadecuadas”, masificando, además sus nuevos centros de acogida. Familiares de los usuarios y trabajadores constituyeron una Plataforma de afectados cuyos representantes llevan más de 21 días encerrados en el centro Magerit para exigir que, en caso de que las reformas de los edificios sean realmente incompatibles con su uso, la Consejería promueva “un traslado digno y planificado de los usuarios, buscando centros alternativos donde, de forma provisional, reciban las mismas atenciones en los mismos grupos y con los mismos profesionales con los que tantos años llevan”.

La Plataforma ha presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de Incapacidades y el Defensor del Pueblo al objeto de que “se depuren responsabilidades” y “se garantice el cumplimiento de los servicios como se han realizado hasta la fecha”. Ha registrado, además, 11.272 firmas en la sede del Gobierno regional exigiendo el respeto de los derechos de usuarios, familiares y trabajadores de los centros afectados y solicitando una reunión con Esperanza Aguirre.

A instancias de la plataforma, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno regional los detalles sobre las medidas que se hayan previsto adoptar para minimizar los perjuicios a los usuarios a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos e información sobre la posibilidad de utilizar la parte de la instalaciones que garanticen la seguridad o, en caso de resultar imposible, de adjudicar un centro único para atender a los usuarios y profesionales.

La solicitud del Defensor del Pueblo ratifica, a juicio de los portavoces de la plataforma, la pertinencia de sus reivindicaciones. El Gobierno regional, sin embargo, no ha dado hasta el momento su brazo a torcer, por lo que vuelven a convocar una manifestación que partirá el miércoles 13 de abril a las 18h desde la plaza de la Villa y finalizará en la Puerta del Sol, ante la sede del Gobierno regional.