Más de mil vecinos se dieron cita el pasado domingo 23 en la Puerta del Sol para denunciar el incremento del precio de la vivienda y exigir su legítimo “derecho a techo”. Representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), futuros vecinos de los PAU de Vallecas, Carabanchel o Montecarmelo, de la Cooperativa de Vivienda Joven COVIJO, de la Plataforma Por una Vivienda Digna y de la Plataforma Parla Este ocuparon el centro de la ciudad con tiendas de campaña, ladrillos personalizados con algunos de los nombres propios que protagonizan historias imposibles de acceso a una vivienda y una rueda de presos sin “covijo” encadenados a una hipoteca de treinta años. Acudieron a apoyar la convocatoria los portavoces de IU en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Fausto Fernández e Inés Sabanés, así como el portavoz socialista de vivienda en el Parlamento regional, Antonio Fernández Gordillo.
Pitos, cacerolas y un gran despliegue de pancartas llamaron la atención sobre la subida del precio del módulo de vivienda protegida en un 30%, lo que supone una media de cinco millones más por vivienda y sobre los retrasos y la falta de equipamientos públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos, que plantea una situación dramática a miles de nuevos vecinos y que los de Carabachel denunciaron instalando una escuela pública y un centro de salud de cartón en plena calle. Los del Sureste, por su parte, desplegaron una enorme pancarta en la que se podía leer: ‘¿Veremos las olimpiadas con nuestras casas entregadas?’. El portavoz Juan Pablo Muñoz no parecía muy optimista: ‘no hay nada urbanizado y encima las casas nos van a costar 31 millones en vez de los catorce anunciados”.
Los vecinos de la Plataforma por una Vivienda Digna plantaron varias tiendas de campaña a fin de denunciar la situación de los más jóvenes que, según José Luis Carretero, están ‘condenados a irse a vivir a cincuenta kilómetros de Madrid’. Carretero recordó que en los últimos cinco años el precio de ha vivienda se ha duplicado en Madrid y exigió a las administraciones públicas controlar el fraude en la vivienda.
