El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997, en la actualidad sometido a revisión, proyectaba la construcción de una gran zona deportiva, un centro logístico, un parque tecnológico, un campus universitario y la culminación de la cuña de O’Donnell, todo ello en el marco del desarrollo del proyecto olímpico.

Frustrada la candidatura y, aprovechando la revisión del PGOUM, el Ayuntamiento de Madrid elaboró el avance del Plan de Sectorización del Sector de Suelo Urbanizable No Programado Nueva Centralidad del Este, que da un vuelco al proyecto inicial y proyecta la construcción de 12.000 viviendas y el desarrollo de un amplio espacio de oficinas y comercios, además de una gran superficie comercial.

La FRAVM exigió en sus alegaciones la inmediata retirada del plan toda vez que el Ayuntamiento de Madrid vuelve a apostar por el ladrillo con la planificación de un millón de metros cuadrados de edificabilidad residencial y otro millón de metros cuadrados de edificabilidad terciaria.

Los terrenos afectados están delimitados por el cruce de la avenida de Canillejas a Vicálvaro y la M-40 hasta más allá de la M-21, frente al estadio olímpico de La Peineta. El proyecto, sumado a la gran operación de traslado del estadio del Atlético de Madrid a La Peineta desbordará una M-40 ya saturada en el tramo comprendido entre la A-2 y la A-3.

La saturación de tráfico afectará no solo al distrito de San Blas, en especial al barrio de Las Rosas, sino también a Vicálvaro, ya que la salidas naturales del nuevo “macrobarrio” hacia el centro de Madrid serán las avenidas de Canillejas-Vicálvaro y Arcentales y la conexión con el paseo de Ginebra.

El Ayuntamiento proyecta, asimismo, la construcción de una gran superficie comercial a menos de un kilómetro de un Carrefour y del Plenilunio del polígono de Las Mercedes y alerta de la contaminación a la que están sometidos los suelos por la implantación de usos marginales, el vertido de escombros y la extracción de sepiolita.

A juicio de la FRAVM, las operaciones urbanísticas de este calado deberían plantearse en el marco de la revisión del PGOUM y no en el avance de un plan que solo ha sido sometido a información pública durante escasos 30 días.