Medio centenar de jóvenes esperaron ayer a los concejales del distrito de San Blas a la salida del pleno -al que les impidieron la entrada- al grito de “sobran terrenos, faltan viviendas”, “vivienda pública en los terrenos del cuartel” y “cesión del suelo para la construcción de cooperativas”.

Los jóvenes secundaban una convocatoria de la Asociación Vecinal por la Vivienda Digna de San Blas-Canillejas dirigida a pedir a los representantes políticos del distrito que adopten las medidas necesarias que permitan una reserva de suelo para la construcción de vivienda pública gestionada por cooperativas.

El portavoz de la entidad, Rubén Sánchez, explicó que el distrito cuenta con una elevada población joven y en edad de emancipación, ‘que ve imposible acceder a una vivienda libre en el mercado por los elevados precios, mientras hay terreno público suficiente y sin uso actual para poder construir sus casas’.

Sánchez hacía así referencia a una conocida reivindicación que la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas trasladó a los candidatos de los tres partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones municipales y autonómicas: que el abandonado cuartel de San Cristóbal, que ocupa una superficie de casi 100.000 metros cuadrados, se destine a uso residencial. “La cesión de suelo -apuntó Sánchez- permitiría sacar adelante cientos de proyectos de cooperativas reales de vivienda, lo que generaría entre otras cosas actividad de construcción y, por lo tanto, empleo. Con su reticencia a la cesión de suelos, las diferentes administraciones demuestran que su preocupación real no es el empleo en el sector, sino sus propios ingresos y los márgenes de beneficio de los promotores’.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 otorga al cuartel 71.765 m2 de edificabilidad residencial (718 viviendas) y 56.952 m2 de superficie para usos dotacionales (10.000 m2 para zonas verdes y 12.354 para equipamientos públicos).

El portavoz de la asociación criticó, asimismo, que el Ministerio de Vivienda anuncie la compra de suelo de promotoras para hacer vivienda protegida, ya que ‘existen millones de metros de terrenos ya públicos donde puede construirse VPO’. La compra de suelo a las empresas “no tiene ningún beneficio para los ciudadanos, y tan sólo es una ayuda descarada a promotoras con cargo a los fondos públicos” añadió.