“Sr. Almeida, alcalde de Madrid, el problema no es la ley actual sino la falta de voluntad para hacer que se cumpla, el problema es que usted tiene las competencias para hacerlo pero no las ejerce”. De esta manera responden las asociaciones vecinales de Sol y Barrio de Las Letras, La Corrala de Lavapiés y Cavas-La Latina al anuncio de una nueva norma que regule las Viviendas de Uso Turístico (VUT) realizado por el regidor de la capital este martes en el Ateneo de Madrid. “Usted afirma que la regulación anterior no ha funcionado, y tiene razón, pero deje de echar balones fuera porque si no ha funcionado es porque lisa y llanamente su Equipo de Gobierno no ha querido que funcione, ha eludido su responsabilidad de vigilancia y control, ha preferido mirar para otro lado mientras el problema se extiende, haciendo la vida imposible a miles de vecinas y vecinos residentes, que cada día tienen que soportar ruidos, deterioro de zonas comunes, suciedad y problemas de seguridad procedentes de los pisos turísticos de sus edificios, o, directamente, se ven obligados a marcharse de su barrio por la presión de fondos especializados en este tipo de negocio”.
“Estamos convencidos de que con las normativas actuales en la mano, el problema quedaría reducido a la mínima expresión, y que si fuera usted capaz de resolver conforme a la norma, el conflicto que cada día se agrava y extiende más, entraría en fase de solución”, sostienen las entidades vecinales, que temen que la nueva ordenanza anunciada por Almeida sea más laxa y permisiva para las empresas y operadores que la actual, y solo sirva para empeorar la situación de la población residente.
Las asociaciones de barrio recuerdan al alcalde que la administración que dirige es la responsable de la legalidad de las actividades económicas en la ciudad de Madrid, a través de la Agencia de Actividades, y de los usos urbanísticos que vienen determinados en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, vigente en estos momentos. Y que en estos años han presentado en las ventanillas municipales, además de en las de la Comunidad de Madrid, miles de denuncias por la actividad irregular de pisos turísticos. Sin embargo, solo un pequeñísimo porcentaje de estas quejas ha llegado a buen puerto, dando la razón a los vecinos residentes, certificando la ilegalidad de la actividad y decretando la clausura de VUT.
¿Cómo es posible que los propios responsables del Ayuntamiento admitan que el 98% de los pisos turísticos de la ciudad son “ilegales” pero no hagan nada para resolver esta situación? En realidad, aunque tuvieran voluntad para hacerlo (algo que no existe), se enfrentarían a serios problemas para llevarlo a cabo, ya que los recursos destinados a tal efecto son ridículos. Desde el año 2019 el Ayuntamiento ha reducido en un 60% el personal asignado a las labores de control y vigilancia de las VUT (pasando de 31 personas a las 11 actuales), así que no es de extrañar que muchos de los procedimientos decaigan y se archiven por incumplimiento de plazos administrativos.
Con estos mimbres, no es de extrañar que las asociaciones vecinales citadas tengan dudas sobre la voluntad real del actual Consistorio para resolver este grave problema, a la vista, además, de casos como el de los pisos turísticos de la Plaza Conde de Mirando 1, que a pesar de contar con diversas órdenes municipales de cierre, ahora el Ayuntamiento pretende legalizarlos. “No se puede estar diciendo algunas cosas en los medios o en determinados foros, y haciendo la contraria desde los despachos municipales”, se quejan los colectivos de barrio.
Según datos de las asociaciones vecinales procedentes de la plataforma Inside Airbnb y otras fuentes que contabilizan alojamientos que no oferta AirBnB, la capital acumula actualmente más de 25.000 VUT, de las cuales al menos un 40% se encuentra en el distrito Centro. Aunque esta es la zona más afectada de Madrid, otros distritos como Arganzuela, Retiro, Chamberí, Salamanca, Tetuán o Carabanchel viven en estos momentos una notable extensión del fenómeno, para preocupación de la población residente.
