‘Hemos agotado todas las vías existentes. Las administraciones que tienen competencias, en nuestro caso el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, no nos reciben, no nos ayudan ni hacen nada al respecto’, sostienen los afectados de Los Berrocales, El Cañaveral, Los Ahijones y Los Cerros, convencidos que sólo con la denuncia en la calle lograrán dar curso a sus demandas. En este marco, intensifican su protesta en estos días con objeto de arrancar compromisos firmes de los responsables políticos antes de las elecciones del 22 de mayo.

La del domingo será la tercera manifestación organizada por la Asociación de Cooperativas Afectados del Sureste (ACAS) en las últimas seis semanas. Las dos anteriores reunieron a una buena porción de las más 15.000 personas que desde hace años esperan un piso que nunca llega y por el que han consumido buena parte de sus ahorros.

Por otro lado, tras celebrar el pasado domingo la ‘fiesta del tupper’, una comida popular donde los comensales compartieron su almuerzo, los cooperativistas continúan acampados día y noche en la cuesta de Moyano, junto a la plaza de Carlos V (Atocha). Y allí seguirán -aseguran-, con sus sacos de dormir y sus esterillas, hasta que por fin sean escuchados.

Recordemos que hace 14 años, miles de familias, futuros vecinos de los citados barrios, invirtieron gran parte de sus ahorros en unas viviendas que aún no han visto un solo ladrillo. Según ACAS, en estos años cada hogar ha desembolsado entre 40.000 y 70.000 euros de media. Dinero que, hasta ahora, sólo ha servido para enriquecer a algunas gestoras sin escrúpulos como Ofigevi y Gespozuelo, en cuya cabeza se sitúan Miguel Torralbo y sus hijos Amanda y Rafael Torralbo, empresarios que han sido denunciados por los cooperativistas. La marcha del sábado finalizó frente al Ministerio de Justicia, donde los afectados demandaron que se aceleren los trámites de las querellas interpuestas, el cambio del fiscal que lleva el caso y que se investigue “a todas las cooperativas y gestoras de cooperativas que siguen operando clandestinamente” en los desarrollos del Sureste de Madrid perpetuando una estafa”, asegura ACAS .