La vega y riberas del río Henares se encuentran entre los espacios más fértiles y ricos de la Comunidad de Madrid. Un valor que ha sido reconocido por el Gobierno al integrar todo el curso del río, desde Guadalajara hasta su confluencia con el Jarama, en la Red Natura-2000, y declararlo Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, establece en su trayecto varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La vega del Henares es también el entorno que diferentes civilizaciones eligieron para instalarse y de ellas hemos heredado un rico patrimonio cultural, histórico y arqueológico. Pero a pesar de estos hechos, según la nueva plataforma “toda esta riqueza no es correspondida por las administraciones públicas, cuyo deber es garantizar su conservación”.
“El frenético proceso de destrucción que el Henares soporta en su tramo medio y bajo es causado por un modelo de desarrollo totalmente insostenible basado en un urbanismo incontrolado y falto de planificación territorial donde el incumplimiento de la legislación medioambiental es claramente visible por todos los ciudadanos”, indica la coordinadora ciudadana en un comunicado de presentación, antes de explicar: “La proliferación de vertidos y escombreras ilegales, la ocupación de los márgenes del río por distintas infraestructuras y construcciones, la modificación artificial de sus orillas y la reducción a la mínima expresión de sus sotos y bosques de galería, que afectan gravemente a su flora y fauna, son sólo algunas de la principales amenazas y más tristes realidades”. Parte de este deterioro, sostiene el colectivo, se debe a “la dejación de funciones y falta de sensibilidad de las administraciones local, autonómica y central (Confederación Hidrográfica del Tajo) ante el problema, cuando no a la propia incompetencia”.
Por todo ello, la plataforma pide “a las administraciones competentes una nueva política de intervención sobre el Henares basada en la conservación, protección y recuperación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos y lo hará a través de un conjunto de actividades reivindicativas respaldadas por colectivos y asociaciones de ciudadanos”. En concreto, sugiere la puesta en marcha de un Plan de Conservación y Recuperación a cada una de las administraciones afectadas que deberá ser supervisado por un Consejo Local (en el caso de los ayuntamientos) o Comarcal (en el caso de la Comunidad o de la confederación hidrográfica), “del que formarán parte las asociaciones ciudadanas del ámbito correspondiente”.
