“Pedimos una moratoria, que esto se pare para poderlo regular” ha resumido Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. Una moratoria que afecte a establecimientos como viviendas turísticas, hoteles, apartamentos turísticos, pensiones y hostales que aún no disponen de licencia, y que se prolongue el tiempo necesario para elaborar un “Plan Especial de Ordenación Turística de la Ciudad”. El parón de licencias propuesto afectaría a un área que trasciende el castigado distrito Centro e incluye otras zonas del municipio golpeadas por la turistización o que son susceptibles de sufrir el efecto frontera, y se encuentran en los distritos de Arganzuela, Puente de Vallecas, Chamberí, Salamanca, Moncloa-Aravaca, Tetuán, Carabanchel y Latina.
En palabras de Pablo García, del Sindicato de Inquilinas: “necesitamos un plan que sea realmente participado para determinar entre todas como queremos relacionarnos con este fenómeno de irrupción de los usos turísticos. La moratoria es imprescindible para poder abrir un proceso transparente y participado de pensamiento de una ordenación de usos turísticos en la ciudad”.
Para tal fin, los colectivos promotores de la campaña han abierto un sitio web, moratoria.eu , en el que, además de recoger datos estadísticos sobre la problemática en la capital y mapas de incidencia, darán cuenta de sus pasos. Además, esta misma mañana han registrado una propuesta en el portal de participación del Ayuntamiento Madrid Decide con la que buscan lograr los 27.054 apoyos que son necesarios para que se transforme en una consulta ciudadana vinculante. La iniciativa, dirigida a las personas que están empadronadas en la capital, tiene el código MAD-2018-01-20657 y está alojada en la siguiente dirección.
En su comparecencia ante los medios, que ha tenido lugar ante el simbólico kilómetro 0, los portavoces ciudadanos han anunciado la petición de una reunión urgente con la presidenta regional y otra con la alcaldesa de la capital, con objeto de que escuchen de primera mano sus reflexiones y propuestas, y no suceda lo ocurrido en el proceso de elaboración la reforma del decreto sobre alojamientos turísticos, cuyo periodo de alegaciones se cerró el pasado viernes. “Hemos tenido que presentar alegaciones porque nadie se ha reunido con las asociaciones de vecinos, nadie ha escuchado las razones de los que sufrimos el problema. Esto delata una enorme insensibilidad por parte de nuestros representantes políticos”, ha afirmado Jordi Gordon, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Centro, antes de remachar: “no ha habido ningún gesto, por eso estamos aquí, delante de la Comunidad de Madrid, para exigir que se respeten nuestros derechos. No puede ser que se relegue a los habitantes de esta ciudad, que nos obliguen a hacer las maletas”.
Las entidades vecinales registraron la semana pasada 45 alegaciones al polémico proyecto regional, que se suman a las consignadas por las asociaciones de hosteleros, la patronal madrileña y el Ayuntamiento de Madrid. “Pedimos a la Comunidad y al Ayuntamiento que los vecinos y las vecinas participen en la regulación de las viviendas, que escuchen a la gente y no solo cuenten con la opinión de las plataformas digitales que están haciendo negocio. Lo suyo no es economía colaborativa [tal y como aparece en el proyecto de decreto], es economía pura y dura en el estilo de un capitalismo salvaje”, ha indicado Vicente Pérez, antes de recordar algunas de las partes más negativas del texto autonómico: “lamentamos que el decreto permita incluso el alquiler por habitaciones, que se ocupe el 75% de un edificio y que se alquile la vivienda todo el año”.
En la misma línea se ha mostrado Belén García, de Ecologistas en Acción, cuya entidad rechaza de plano el decreto y reclama “tanto a la señora Cifuentes como a la señora Carmena transparencia, participación y protección del derecho a la vivienda en la redacción de los planes de afecten a los pisos turísticos”, unos planes que deben poner en el centro “a los protagonistas de la ciudad, a sus ciudadanos”.
El problema ha alcanzado en la capital unas dimensiones realmente alarmantes. Entre enero y noviembre de 2017, 9.278.014 turistas visitaron Madrid. El distrito Centro ofrece 2.918 establecimientos hoteleros y 29.843 plazas legales, a las que hay que añadir otras muchas que carecen de licencia y que siguen funcionando a pesar de haber sido denunciadas por las asociaciones vecinales. Si ponemos el foco en Sol y Letras, uno de los barrios más afectados, estas calculan que el 90% de sus edificios albergan al menos una vivienda turística.
Por otra parte, el 20% de los propietarios de los alojamientos turísticos que oferta AirBnb en Centro (1.600) posee el 50% de la oferta total y el 10% acapara el 50% de los ingresos. Estos datos apuntan que, si alguna vez la plataforma funcionó como un vehículo para la economía colaborativa entre particulares, cada vez se parece más a un negocio convencional. A este tsunami turístico se suma la existencia de cerca de 4.000 bares, uno por cada 33 habitantes en el distrito y la proliferación de terrazas en muchos casos ilegales o que incumplen la normativa.
Es evidente que, tal y como ha indicado Vicente Pérez, “la vivienda turística es un problema: está tirando de los precios del alquiler [se han incrementado un 40% en 2017 en Centro según Idealista], está echando a gente del distrito y generando problemas de convivencia y seguridad en las comunidades”. Su concentración de algunas zonas ocasiona también “problemas de movilidad, contaminación, salud pública, gastos innecesarios en infraestructuras, especulación urbanística y genera sociedades menos cooperativas e individualistas”, en palabras de Belén García.
“No estamos en contra del turismo”, ha aclarado el representante de la FRAVM, “pero queremos un turismo ordenado, regulado; y sobretodo garantizar que las viviendas cumplan con su función, que es una función residencial, no para actividades económicas”.
Tras la presentación de las alegaciones al proyecto de decreto de pisos turísticos de la semana pasada (que puedes consultar aquí) y la rueda de prensa de esta mañana, los colectivos que impulsan la moratoria turística organizarán una asamblea vecinal y otros actos informativos con objeto de conseguir el mayor número de apoyos ciudadanos.
Detrás de la campaña se encuentran los siguientes grupos: Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Asociación Vecinal Sol y Letras, Lavapiés, ¿dónde vas?, Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad, AV Las Cavas, AV Chueca, AV Austrias, AVECLA, AV La Corrala, AVEPLAMA, AV Barrio de Las Letras, Ecologistas en Acción, PAH Madrid, Sindicato de Inquilinas de Madrid, Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Centro.
