Hace un mes las 630 familias adjudicatarias de las viviendas arrendadas de las promociones que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) tiene en Carabanchel, Pavones, Sanchinarro y Moratalaz recibieron la noticia de que la empresa pública enajenará mediante subasta las viviendas que habitan. Será el próximo 13 de septiembre.
En apenas cuatro semanas, las familias afectadas han convocado siete movilizaciones. La última y más exitosa tuvo lugar ayer. Más de 3.000 personas, según cálculos de la organización, inundaron el tramo de la calle Alcalá que une la plaza de Cibeles con la Puerta del Sol para pedir al Ayuntamiento de la capital que paralice la subasta de las viviendas públicas y denunciar que la venta que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid no es sino una operación especulativa ya que, en palabras de los convocantes “el precio de licitación inicial de las cuatro promociones asciende a 64,3 millones de euros, ‘con un valor medio de 102.190 euros por vivienda, lo que representa más del triple de lo invertido por la EMVS en algunos casos y sin olvidar que los inquilinos han llegado a pagar ya más de la mitad de dicho coste’. En el ánimo de la mayoría de los asistentes pesaban las declaraciones que realizó el alcalde de la capital en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada el pasado 3 de septiembre, en virtud de las cuales calificó la venta de las viviendas públicas como “un ejercicio de solidaridad” para levantar más pisos sociales, unas palabras que convirtieron al regidor en blanco de muchas de las consignas que los asistentes corearon durante la manifestación.
Durante la movilización, a la que asistieron en representación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) Vicente Pérez, Francisco Caño, Mª Carmen Lostal y Mª Prado de la Mata, los organizadores recogieron firmas contra la venta de sus viviendas que entregarán antes del día de la subasta pública.
La enajenación de las cuatro promociones acabará con la posibilidad, apuntada en sus contratos de arrendamiento, de que la EMVS ofrezca a los inquilinos la venta, a precio de vivienda pública, de los pisos que ocupan desde hace años. Tras la decisión adoptada el pasado mes de julio por la empresa pública, una vez finalizado el plazo legal de vinculación al régimen de protección oficial, las empresas privadas que se hagan con las cuatro promociones ‘podrán fijar libremente las condiciones, plazos y renta’ de las viviendas adquiridas.
