Desde que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid hiciera pública su propuesta de zonificación sanitaria, las asociaciones de vecinos han convocado decenas de asambleas informativas en barrios y pueblos de la región, varias concentraciones y recogido más de 13.000 alegaciones individuales contra la propuesta de la consejería de Lamela. Y el ánimo no decae. La FRAVM, en respuesta a las peticiones de las entidades vecinales, ha convocado una concentración en la puerta de la consejería de Sanidad (calle Aduana, 29) el próximo 16 de noviembre a las 19h.
En sus alegaciones, tanto la FRAVM como las asociaciones de vecinos denuncian que los criterios seguidos por la consejería para elaborar su propuesta no son acordes con los recogidos en la Ley General de Sanidad, ya que la propuesta vulnera el límite de un máximo de 250.000 habitantes en doce de las quince nuevas áreas de salud e ignora factores tan importantes como la evolución previsible de la población dada la localización de los nuevos crecimientos residenciales. El Área 1, por ejemplo, supera en 224.000 habitantes el máximo establecido por la Ley General de Sanidad -que en el artículo 56.2 establece que cada una `extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000´-, esto es, el equivalente a otra área sanitaria, a los que se vendrán a sumar los 250.000 habitantes derivados de los desarrollos residenciales de Arganzuela y Vicálvaro.
Además, si en la zonificación actual los distritos sanitarios del municipio de Madrid coinciden con los distritos municipales, el proyecto de decreto disgrega en diferentes áreas de salud varios de los distritos administrativos de la capital. Ocurre con Arganzuela, Chamartín, Chamberí, Camartín, Fuencarral, Carabanchel, Ciudad Lineal –¡se reparte en tres áreas!- y San Blas”.
Un capítulo que merece especial atención es el de los hospitales. Los hospitales de referencia de las áreas 4 y 7, el Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos, respectivamente, están ubicados fuera del área. A las vecinas y vecinos del Área 14, por su parte, les corresponde una fundación privada, la Fundación Jiménez Díaz, mientras no se hace mención alguna a los hospitales militares (el hoy demolido Hospital del Aire y la Policlínica Naval) cuya transferencia a la red sanitaria única de la región demandamos las entidades ciudadanas ni a las 650 camas del Gómez Ulla, cedidas a la red sanitaria pública en virtud de Convenio General de Colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid firmado el 27 de octubre de 2004”.
Por todo ello, la FRAVM entiende que la única finalidad del proyecto es la de aumentar el poder del sector privado, colocando a los nuevos hospitales de gestión indirecta –explotados por empresas privadas— y a hospitales directamente privados como centros hospitalarios de referencia de diversas áreas sanitarias, contribuyendo a introducir el ánimo de lucro en la explotación de centros sanitarios. Es el caso de los nuevos hospitales privados, al ser cabeceras o referencias de área, no tendrán que competir con los grandes hospitales públicos –garantizándoles así el negocio— y asumirán la gestión hospitalaria, las políticas de personal y las condiciones laborales, las políticas sanitarias y económicas de áreas enteras.
La FRAVM convoca una concentración en la sede de la consejería de Sanidad el próximo 16 de noviembre a las 19h para reivindicar:
– la retirada de la propuesta de nueva zonificación y, en su lugar, abordar la programación de las actuaciones necesarias para lograr un sistema sanitario madrileño eficaz, rápido, de calidad, sin déficit dotacionales, sin listas de espera quirúrgicas ni diagnósticas.
– el cumplimiento del artículo 56.5 de la Ley General de Sanidad y la programación, por consiguiente, de los hospitales generales de área suficientes, de titularidad y gestión públicas.
– la consideración de los desarrollos urbanísticos residenciales previstos;
– la adscripción, mínima, de un centro de especialidades a cada uno de los distritos sanitarios; de un centro de salud a cada zona básica de salud y que la zona básica de salud nunca supere los 25.000 habitantes y, por último, la adecuada dotación de los consultorios urbanos y consultorios locales que pasen a catalogarse como centros de salud
