Ante lo que consideran una situación “insostenible”, los afectados demandan a Esperanza Aguirre “que haga las gestiones oportunas para resolverla ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio”, el organismo responsable de la tramitación de unas ayudas que, en algunos casos, fueron concedidas hace dos años. “Las noticias que nos llegan nos alarman enormemente, pues parece que el pago seguirá retrasándose hasta no se sabe cuándo. La mayoría de los afectados somos pensionistas. Este retraso nos está causando un serio quebranto”, indican en la misiva.
Por el deterioro y antigüedad de sus edificios y la modesta situación socioeconómica de sus moradores, San Agustín, Batán y San Ignacio de Loyola son tres barrios que la Comunidad ha calificado como Zonas de Rehabilitación Integrada (ZRI) y por tanto destinatarios de ayudas económicas del Ministerio de la Vivienda y de la citada consejería de la Comunidad. Aunque el Ministerio aporta una parte importante del monto de este tipo de subvención, es el Ejecutivo regional, que asegura el resto del dinero, el encargado de gestionarla y otorgarla. Según el Decreto 12/2005, de 25 de enero, este organismo “podrá” otorgar a la comunidad de propietarios beneficiada el 50% de la subvención una vez sea concedida la “calificación provisional” y el otro 50% tras la “calificación definitiva”, que se obtiene al finalizar la obra. A pesar de que recibieron esa “calificación provisional” hace dos años, decenas de vecinos de los tres barrios afectados aún no han visto un euro de la Administración, como tampoco lo han visto otros muchos, aunque hace tiempo que finalizaron las obras de sus edificios y tienen incluso la “calificación definitiva” de la Comunidad.
“Hay un gran malestar entre los vecinos. Muchos piensan que nos van a quitar la subvención prometida debido a la crisis”, afirma Santiago Alcolea, presidente de la asociación vecinal San Ignacio de Loyola y uno de los afectados. De un barrio de 5.800 habitantes, 3.800 han solicitado la subvención para rehabilitar sus viviendas y, de éstos, 750 ha registrado en la Comunidad su queja por la demora en los pagos. En comparación con otros portales, que aún no han percibido dinero alguno, Alcolea tiene la suerte de que su comunidad de vecinos, el número 2 de la calle Logrosán, ha recibido el 50% de los 114.000 euros de una de las dos subvenciones concedidas. El edificio, de 39 años de antigüedad, requería reformas profundas en la fachada, escaleras, ascensor, electricidad y fontanería. “Había que renovar todo menos el tejado”, sostiene Alcolea, antes de precisar que las obras relativas no ya a la primera, sino a la segunda subvención, las acabaron en julio del año pasado. “En la sede de la Consejería deben de tener un caos tremendo, porque nosotros, debido a la necesidad de ampliación de la obra, tuvimos que presentar dos solicitudes, así que tenemos dos expedientes. Pues bien, sólo nos han reconocido el final de obra del segundo expediente y nos han dado la mitad de la subvención del primero, aunque no tenemos el reconocimiento del final de obra de éste”, sostiene el dirigente de una entidad que cuenta con 5.300 socios. “Aunque peor lo tienen los vecinos del barrio de las calles Jarandilla 1 y Navalmoral de la Mata 23 -continúa- , que en 2006 les reconocieron el final de obra y aún no han cobrado nada, y la Comunidad de Madrid dice que no tiene dinero para ellos, ya que no se encuentran en su bolsa de beneficiados”. “Nos parece vergonzoso la forma de actuar de esta gente [la Comunidad]; hay que tener en cuenta que la mayoría de los vecinos son jubilados y reciben pensiones muy pequeñas”, concluye.
