Una de las consecuencias más dramáticas del estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas en nuestro país que no han podido hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas. La respuesta jurídica e institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la aplicación de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa habitacional. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas.
En los tres primeros meses del año se desahuciaron a 15.491 familias en España, 2.573 en la Comunidad de Madrid, lo que hace una media de 28 familias desterradas a la calle cada día en nuestra Comunidad.
En los últimos meses y gracias a la movilización de las personas afectadas y solidarias, esta situación ha dejado de ser invisible y ha ocupado el foco de atención de los principales medios de comunicación. Son docenas las PAH que se han constituido en todo el país que junto al apoyo de otras asociaciones y personas solidarias han detenido un sinfín de desahucios en los últimos meses. El principal objetivo de este movimiento ha sido que se regule la dación en pago de forma retroactiva, para que en caso de residencia habitual y deudores de buena fe, se salde la deuda hipotecaria con la entrega del piso. Esta medida ha contado con un amplio respaldo ciudadano y ha sido asumido por una multitud de agentes sociales, entre ellos el movimiento del 15M y más de 100 ayuntamientos que han aprobado en sus plenos la moción presentada por la PAH. Sin embargo, nunca antes se había hecho tan evidente la distancia que separa a representantes y representados. El Congreso de los Diputados ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la dación en pago .Por otro lado, los jueces están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas las ejecuciones para impedir las concentraciones un día y una hora concreta fijando fechas abiertas para el desahucio, dejando a las familias en situación de indefensión jurídica. En los últimos meses, además, hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada para desahuciar a las familias de sus casas.
Ante esta situación, la PAH ha convocado una manifestación el próximo 25 de septiembre para exigir:
– La regulación de la dación en pago.
– Una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social
– La reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque de alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) invita a la ciudadanía a acudir a la manifestación para defender los derechos de las miles de familias madrileñas afectadas por la situación descrita.
