El 9 de junio de 2004, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña aprobó inicialmente, por la vía de urgencia, el Convenio Urbanístico de Planeamiento para el desarrollo del Balcón de Morata de Tajuña, firmado con la sociedad Portobello Marbella S.L., una urgencia que la entonces alcaldesa, Concepción Loriente, justificó por la “propia dinámica que imponen los trabajos de redacción del Plan General”.
El Convenio, que contemplaba inicialmente 2.000 viviendas, fue finalmente aprobado el 5 de octubre de 2004 sin que el equipo municipal atendiera ninguna de las 130 alegaciones presentadas, un convenio que, según reza la denuncia que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid en cumplimiento del mandato de una asamblea de la A.V. Morata de Tajuña contraviene los preceptos de la legislación urbanística y del suelo por cuanto desclasifica y recalifica suelo no urbanizable común y protegido y afecta una serie de hábitat naturales; otorga al sector un coeficiente de edificabilidad idéntico al de los PAU madrileños de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro o Carabanchel y 18.000 viviendas y monetariza las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo que los propietarios mayoritarios de suelo se comprometen a ingresar en las arcas municipales (15.600.000 € —alrededor de 2.600 millones de pesetas— que la propiedad se compromete a entregar a las arcas municipales: el 10% a la aprobación inicial del Plan; otro 10% a la aprobación provisional y el 80% restante en el momento de la aprobación definitiva).
Una adenda de 13 de diciembre de 2004 incrementa en un 243,75% el ámbito del convenio —de las 200 hectáreas iniciales a 487,5—. Una segunda adenda, de 26 de abril de 2006, vuelve a incrementar el ámbito hasta las los 592,6 ha y vincula el Balcón de Tajuña al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI) de 22 de diciembre de 2004, por el que Gecopi gestiona la oficina municipal de vivienda, cuyo cometido es el desarrollo de las 84 viviendas protegidas para residentes que lleven más de 10 años en Morata.
El convenio del Balcón del Tajuña también está vinculado con la asesora urbanística del Ayuntamiento, la arquitecta Carmen Fernández de Castro que, según el documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Morata de Tajuña, sometido a información pública en mayo de 2006, dirigió el equipo redactor del Plan General de Morata en estrecha colaboración con el Equipo Multidisciplinar Plaquin Consultores S.L.
Plarquin Consultores S.L., constituida el 15 de junio de 2000, contaba el 31 de julio de 2000 (registro de Mercantil de Madrid, nº de anuncio 288516) entre sus administradores con Enrique Porto Rey, quien en diciembre de 2003 sería nombrado director general de Urbanismo y Planificación Regional, por lo que hace efectiva su revocación del cargo el 6 de febrero de 2004 (registro mercantil de Madrid, nº de anuncio 066497) a favor de Alejandro Arca Naviero (el seis de febrero de 2004), que aparece en la Memoria de la ordenación pormenorizada del sector SR-6 “Balcón de Tajuña como director del equipo redactor en estrecha colaboración con el equipo que dirige la arquitecta Carmen Fernández de Castro.
El convenio del Balcón del Tajuña que propone un crecimiento en suelo rústico y protegido a más de 2 kilómetros del casco urbano, de 18.000 viviendas, en un municipio que cuenta actualmente con 3.000 viviendas, de las cuales sólo 1.700 están ocupadas permanentemente. El convenio contraviene también las disposiciones de la reciente Ley del Suelo estatal en cuanto a crecimientos urbanísticos.
La denuncia ha sido entregada a los tres grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU).
