Tras dieciocho años de espera, los vecinos de los poblados A y B de Fuencarral se enfrentan al IVIMA ya que la errónea aplicación de un decreto les condenará a vivir en viviendas que no se adecuan a su composición familiar. Recordemos que las viviendas de la extinta Obra Sindical del Hogar, construidas a partir de los años cincuenta y que, con la democracia pasarían primero al Instituto Nacional de la Vivienda y después al Instituto de la Vivienda de Madrid, experimentaron un proceso de remodelación en base al Decreto 100/86 de 22 de octubre sobre cesión en arrendamiento de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública. Este proceso, que ha afectado a más de 6.000 viviendas de Madrid, casi ha concluido, salvo notorias excepciones entre las que destacan los poblados A y B de Fuencarral donde, después de 18 años de la publicación del referido decreto, casi la mitad de sus vecinos viven en casas de menos de 40 metros cuadrados, consideradas infraviviendas bajo los estándares actuales. Algunas de las casi 400 familias que nuclean los poblados, muchas de las cuales llevan más de 40 años esperando una vivienda digna, se encuentran ahora con que el IVIMA pretende, por ejemplo, hacinar a una familia compuesta por cinco miembros en una vivienda de dos habitaciones, mientras que permite que una sola persona disponga de una casa con tres dormitorios basándose en el Decreto 195/2000 que regula la adjudicación de vivienda de protección pública y que, por tanto, no se puede aplicar a los procesos de remodelación como el que nos ocupa. Las reuniones que, con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), ha mantenido la A.V. la Unión de Fuencarral con el gerente del IVIMA, Domingo Menéndez, han resultado del todo infructuosas ya que el Instituto Municipal de la Vivienda privilegia el derecho que asiste a una persona a vivir en una casa de tres dormitorios a realizar los cambios oportunos para que todas las unidades familiares ocupen una vivienda adecuada a sus necesidades. Los vecinos, por el contrario, denuncian que la aplicación del decreto 195/2000, que regula la adjudicación de vivienda pública, no es de recibo en los procesos de remodelación, ya que las familias afectadas por este proceso no optan a una vivienda pública por primera vez, sino que son adjudicatarias desde hace casi cincuenta años.En este sentido y, en caso de que las conversaciones con los responsables del IVIMA no prosperen, los vecinos estudian acudir al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.Este desajuste se suma a las irregularidades, incumplimientos e ilegalidades que han sembrado el proceso de remodelación de los poblados durante 18 años, de los que damos cuenta a continuación.

Relación de las irregularidades e ilegalidades cometidas por el IVIMA en el proceso de remodelación de los poblados a y b de Fuencarral

Antes de finalizar los ochenta, se entregaron los primeros bloques del proceso de remodelación, ubicados en la Avda. del Llano Castellano, 2 (Poblado B), Avda. del Cardenmal Herrera Oria, 78 (Poblado A), en la C/ Villacastín, 12 (Poblado A) y en la plaza de Hontalvilla, 9 (Poblado A).

Ya en la primera parte, surgen los problemas. El edificio del Llano Castellano no cuenta todavía con gas natural y, en la actualidad, el 30% de las viviendas están deshabitadas.En los tres portales del edificio de Cardenal Herrera Oria se hizo preciso sustituir más del 50% de los suelos originales antes de los dos años a partir del momento de la entrega y, en muchos casos, fueron los propios vecinos los encargados de asumir su coste. Por otro lado, el IVIMA se vio obligado a enfoscar en su totalidad el edificio por problemas de humedad. El edificio de la calle Viillacastín estuvo cinco años sin acometida de gas natural por problemas de gestión del IVIMA con la empresa suministradora.Tanto la construcción del edificio de la plaza de Hontalvilla como las de Villacastín y Herrera Oria se realizaron sin estar aprobado el PERI correspondiente, sin licencia municipal de obra, ni calificación definitiva. En la siguiente fase se construirían 101 viviendas en lo que hoy es la plaza de Hontalvilla y 43 en la plaza de Tubilla. Las primeras tuvieron que esperar dos años para disponer de alumbrado público por conflictos de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y, en las segundas, el IVIMA pretendió entregarlas sin ascensores. Posteriormente se inició la construcción del edificio de 84 viviendas Alejandro de la Sota (Avda. Salas de los Infantes1, 3, 5, 7, 9), pero su ejecución tuvo que ser paralizada porque la empresa adjudicataria entró en quiebra. Finalizada las obras, los vecinos tuvieron que esperar 14 meses para disfrutar de su nueva vivienda. Pero esto no es todo: los trasteros se inundan, los garajes están cerrados por estar fuera de normativa, al igual que la zona reservada para oficinas y locales comerciales. Por último, la calle que da acceso a los portales no está asfaltada ya que ninguna institución entiende que sea competencia suya. En una nueva fase, el IVIMA construye 63 viviendas en la calle Villacastín. En esta ocasión, el Instituto de la Vivienda pretende entregar las viviendas sin cocinas ni fregaderos, amén de otros desajustes con las ventanas. Estos contratiempos retrasan otro año la entrega de las viviendas. Tampoco los garajes de este bloque pueden ser entregados por no cumplir la normativa.A continuación el Poblado A vuelve a crecer con la construcción de 10 viviendas en la calle Herrera Oria 76. Su entrega también sufrió severos retrasos porque tuvo que ser enfoscada en su totalidad ante el peligro de que el primero se cayera. A continuación, los vecinos constatan que 20 de las 120 viviendas construidas en la calle Soto de Palacios y la plaza de Tubilla carecen de ningún tipo de licencia municipal, ya que se encuentran en zonas verdes. La entrega se retrasa un año por falta de licencia de ocupación y proyecto de urbanización, motivo por el cual tampoco han entregado los garajes.