Ante la Jornada Internacional de los Derechos de los Consumidores, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se adhiere a un manifiesto promovido por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros) que reclama derechos básicos como el derecho a una vivienda digna, a un suministro energético a precio justo, a una alimentación saludable o a unos servicios financieros justos y transparentes.
A continuación puedes leer el contenido íntegro de un manifiesto al que te puedes sumar en la siguiente dirección: adicae.net/marzo2016-manifiesto.html
Los derechos de los consumidores, derechos ciudadanos
El derecho a una vivienda digna, el derecho a un sustento económico y a un consumo suficiente, el derecho a una justicia efectiva, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a la educación financiera independiente, el derecho a la garantía del ahorro y seguridad económica de las familias y otros tantos de los consumidores son sistemáticamente quebrantados en nuestro Estado.
Esta vulneración hunde sus raíces en considerar al ciudadano por parte de los grandes poderes económicos como mera mercancía para la maximización de sus beneficios e intereses, degradando nuestros derechos sociales y económicos a la mínima expresión. Frente a ello reivindicamos los derechos de los consumidores como el instrumento clave para parar los pies a este juego del “todo vale” en el tablero de la economía. Los consumidores queremos influir decisivamente en las reglas del juego.
Las entidades financieras y grandes empresas son las que han impuesto sus normas sobre las instituciones en las más importantes legislaciones en materia económica y de consumo de manera sistemática desde la Transición. Pero la situación ha cambiado y no queremos tolerar más abusos a los consumidores, y por ello queremos desmarcarnos definitivamente del antiguo sistema de corrupción económica y fraudes masivos a los consumidores con las armas de la acción colectiva, del acuerdo social, de la participación en las instituciones y de la lucha contra el individualismo y la pasividad.
Los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios y la protección de sus intereses económicos y sociales. A pesar de ello nos encontramos la paradoja de España como un caso paradigmático en Europa con alta conflictividad de consumo y de manera cíclica con enormes fraudes y abusos masivos por parte de las entidades financieras y otros sectores del llamado “gran consumo”.
Queremos un cambio de modelo de consumo para democratizar el sistema económico y construir una sociedad más justa. Pedimos que en todas las actuaciones de los poderes públicos se consideren los derechos de los consumidores como pieza central para un nuevo modelo económico y de país. ¡El cambio también empieza por los consumidores!
Por todo ello, reivindicamos:
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El derecho a unos servicios financieros justos y transparentes. Los servicios financieros son cada vez más importantes para los consumidores, pero tener acceso a ellos no es suficiente; también deben ser justos y transparentes. El fraude y los abusos como sistema debe finalizar a través de un nuevo marco de regulación y supervisión que ponga a las entidades financieras al servicio de los consumidores y no al servicio de unos poderosos, como sucede actualmente. Garantizar la transparencia y acabar con la falta de información y la complejidad de los contratos financieros es fundamental para garantizar los derechos y la seguridad de los consumidores.
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El derecho a una justicia colectiva eficaz y rápida. Sin justicia colectiva, no hay justicia para los consumidores. La acción colectiva ante abusos generalizados no sólo permite ahorrar tiempo y costes a los afectados y a la propia justicia, evidentemente saturada, sino visualizar ante toda la sociedad la dimensión que adquieren los fraudes de las empresas y entidades financieras, así como la fuerza que pueden tener los consumidores agrupados y organizados bajo una causa legítima y común.
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El derecho a un suministro energético a precio justo para todos. La energía, siendo un bien que influye directamente con la posibilidad de vivir una vida digna, es un derecho básico al que todos tendríamos que tener acceso a un precio justo, de forma generalizable y igualitaria. No puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos.
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El derecho a una alimentación saludable y sostenible. El derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales y, al mismo tiempo, las personas tenemos derecho a acceder a una alimentación saludable y sostenible. Una correcta alimentación es fundamental no sólo para la salud, sino también para la buena vida de los consumidores. El consumo responsable no sólo tiene que mirar al consumidor sino también a las empresas, en la producción y distribución. Sólo a través de esta corresponsabilidad podremos consumir bien, para vivir mejor.
Así, frente al intento de considerar a los consumidores como sujeto individual del que emana el único derecho a la libre elección de compra dentro del mercado, nosotros reivindicamos el cambio de paradigma de los consumidores, pasando de ser un sujeto individual y pasivo a agente social con derechos. Sólo saliendo de esa ficción individualista y mercantilista del consumidor (y por tanto de la ciudadanía) que encubre una situación de desequilibrio y dominación, podremos garantizar la efectiva aplicación de los derechos económicos y sociales.
