Antes, desde las 17:00, diputados de los grupos Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos que participan en la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, mantendrán un encuentro con familias afectadas en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho, que se encuentra en el número 11 de la plaza de Fernando VI de San Fernando de Henares.
Los vecinos y vecinas damnificadas por el Metro en la localidad tienen razones de peso para volver a salir a la calle. Tal y como informa la plataforma, el pasado 18 de marzo los representantes vecinales de las calles Presa-Rafael Alberti y Pablo Olavide Impares-Ventura Argumosa 20 se reunieron con el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, el viceconsejero y el director de Infraestructuras. En el encuentro los responsables de la Administración afirmaron “exultantes” que ya tenían alternativa habitacional digna para los nuevos desalojados, 14 familias de las calles Pablo Olavide (impares) y Ventura Argumosa 20 que a principios de abril deberán dejar sus viviendas. Pero nada más lejos de la realidad: a día de hoy los vecinos y vecinas afectados no tienen una alternativa real y digna.
La Comunidad de Madrid, a través de Tragsa, empresa de obras y servicios que ha contratado para tal fin, va a financiar los alquileres de las viviendas que las nuevas familias desalojadas usarán como alternativa habitacional, evitando de esta forma los apartahoteles en los que, por razones de habitabilidad y servicios básicos, “es imposible desarrollar una estancia digna y prolongada, tal y como se espera y ha reconocido la propia Consejería de Transportes”. Recordemos que hasta el momento, las familias que han sido desahuciadas por el derribo o declaración de ruina de sus pisos, algunas desde hace ya cuatro meses, residen en este tipo de establecimientos hoteleros.
El problema ahora es que “las condiciones de los alquileres esconden trampas que hacen absolutamente inviable su puesta en marcha para la mayoría de los afectados”, según la plataforma. El contrato de arrendamiento, por normativa de Tragsa, tienen que realizarlo los propios afectados, lo que genera “una situación de absoluta vulnerabilidad” por varias razones. En primer lugar, porque estos deben asumir los gastos iniciales del nuevo alquiler (fianzas, mensualidades adelantadas y pagos de gestión inmobiliaria), que de media ascienden a los 3.000 euros, pues la empresa no se hace cargo de ellos. En segundo, porque las fórmulas de pago no están claras, ya que Tragsa abona directamente al afectado la cuantía que debe pagar como inquilino, lo que conlleva ingresos extraordinarios elevados y por tanto la posibilidad de tener problemas fiscales con Hacienda en la declaración de renta o de acceso a servicios públicos como el sistema de becas del Estado. Además, por la experiencia de otros afectados, este tipo de pagos se han llegado a retrasar hasta 20 días con el consecuente descontento de los dueños de la propiedad, por lo que “la fiabilidad es mínima”. 
En tercer lugar, porque el pago del alquiler se realiza en el marco de un contrato de emergencia que los afectados no saben cuánto va a durar. Si, por ejemplo, el alquiler de un inmueble es de doce meses y el contrato finaliza a los seis meses, “los afectados estarían atados a pagar seis meses más al mismo tiempo que sus hipotecas, que traducido en capital si seguimos con la horquilla económica que ha fijado la Comunidad de Madrid (900-1.200 euros) para encontrar viviendas con características similares a las originales supondría un gasto promedio de 6.000 euros salidos del bolsillo del afectado, lo cual no solo es absolutamente inviable para la totalidad de las familias desalojadas sino que también es demencial”, se queja la plataforma.
“Este es el verdadero drama- continúa- . Esta es la oferta real, práctica, de viviendas de la Comunidad de Madrid que, hoy en día, se está ofreciendo a los damnificados. No hay ninguna seguridad, ninguna planificación eficiente previamente estructurada y ahora los nuevos desalojados tienen que improvisar bajo su responsabilidad sin que la Administración haya realizado de forma competente su trabajo, que es dar una solución habitacional con los trámites menos traumáticos y lesivos para unas familias que llevan catorce años aguantando un calvario insufrible”.
Esta política “nos aboca a exiliarnos a casas de familiares, amigos, pagar de nuestro bolsillo un gasto imposible o ir a unos apartahoteles que, como señaló el propio consejero, no están preparados para albergar inquilinos por más de quince días”, denuncia la plataforma.
Pero el problema de la línea 7B de Metro no termina aquí. Actualmente, el foco de las “actuaciones” se está centrando en los desalojos de la conocida “zona 0” pero los daños no solo afectan a este entorno del municipio. Hay quince calles afectadas que no están siendo tratadas por la Administración y la ciudad se ha quedado sin servicios públicos como el complejo dotacional El Pilar para el que no hay una solución firme. Muchos comerciantes han perdido sus negocios y a día de hoy no disponen de ingresos ni de compensaciones por el freno de su actividad. “Este problema afecta a todo un pueblo, que desde hace años reclama a la Comunidad de Madrid la elaboración de un plan integral que responda en su justa medida a todos los frentes abiertos y pide el abandono de forma definitiva de la política de parcheo de la Consejería de Transportes”, sostiene la plataforma.
Esta es la realidad que viven los más de cien hogares desalojados o a punto de serlo que, después de meses de conversaciones y diálogo están “desamparados, sin certeza, sin futuro y solo reciben desinformación, se encuentran con trabas, mucho dolor y un sufrimiento inmisericorde para unas familias cuyo único pecado ha sido trabajar para construir un hogar con mucho sudor y esfuerzo. Hogar que la negligencia de la Comunidad de Madrid les ha arrebatado y que lejos de paliar su dolor y aportar soluciones reales, ofrece desamparo e incertidumbre a unos vecinos que hoy en día ven sus vidas totalmente arruinadas”, concluye la plataforma.
