La recientemente constituida Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), tras personarse como acusación popular en la querella interpuesta por dos diputados regionales del PSOE contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del IVIMA, por el delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, hace un llamamiento para recibirla en su primera comparecencia en los juzgados de Plaza de Castilla. Después de haber sido aplazada su primera declaración, prevista para el pasado lunes 9 de junio, Gomendio deberá explicar ante el juez la operación de venta de viviendas públicas al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora el próximo miércoles 3 de septiembre. En este marco, la citada entidad de damnificados, junto a la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha convocado un recibimiento público de la imputada a las 9h en la puerta de los juzgados. En el acto, las familias afectadas exigirán la suspensión cautelar de todos los procesos de venta de viviendas del IVIMA y la EMVS a fondos de inversión, la paralización de cualquier desahucio de inquilinos motivado por cuestiones económicas y la prórroga automática de los alquileres de las viviendas públicas de los citados organismos, entre otras cuestiones.

Resulta del todo inadmisible que, a través de una oscura operación, la Comunidad de Madrid haya vendido a fondos buitre viviendas públicas sin respetar los derechos de sus inquilinos como adjudicatarios, a los que en ningún momento ha consultado su parecer.

Como es sabido, en el verano de 2013 el Gobierno regional vendió 2.935 viviendas del IVIMA a Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros, un precio “bastante menor de lo que nos costó construirlas a los contribuyentes madrileños y muy por debajo también de lo que estos fondos privados pretenden obtener al venderlas” sostiene la AVVI. Como consecuencia del traspaso de la propiedad de las viviendas públicas a una empresa privada las familias están perdiendo la ayuda pública que recibían para pagar el alquiler.

Además, a los vecinos que están en régimen de alquiler con derecho a compra (Plan Joven de la Comunidad de Madrid) se les ha negado el derecho de retracto para adquirir las viviendas al precio al que fueron adjudicadas a Goldman Sachs-Azora (unos 60.000 euros de media por vivienda). Su situación jurídica, por tanto, ha sufrido un cambio radical: cuando sus contratos de alquiler toquen a su fin y tengan que ejercer su derecho a compra, el precio de venta llegará a triplicar el precio pagado por el fondo de inversión al Gobierno regional.

Estos hechos sirvieron para que la propia Defensora del Pueblo emitiese hace unos meses un contundente escrito en el que recrimina al IVIMA no haber ejercido en este caso sus potestades administrativas de la forma más favorable a los ciudadanos, como establece el artículo 9.2 de la Constitución. Dice la Defensora que ‘ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones’.

Para la Defensora del Pueblo, “con el traspaso de la propiedad de las viviendas a una empresa privada, la situación jurídica de los arrendatarios ha cambiado drásticamente (…). Una vez que las viviendas están en manos privadas, ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público (…). Se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora’.